En la secretaría de Política Ambiental se informó ayer que las empresas no tienen aún aprobado el informe del impacto ambiental.

Cuatrocientos habitantes de Rivadavia Banda Norte se reunieron esta semana en asamblea en Morillo alarmados por la apertura de picadas que desde hace más de un mes abren en el monte chaqueño las exploradoras petroleras.

Según denunciaron allí, las empresas comenzaron ofreciendo 400 pesos por kilómetro de picada a los pobladores cuyos campos afectaban, hasta que las mismas familias comenzaron a reunirse y solicitaron la intervención de la secretaría de Política Ambiental.

Los pobladores recibieron de la titular de ese organismo, Cristina Camardelli, la información de que ambas empresas no tenían aún aprobado sus evaluaciones de impacto ambiental, por lo que no estaban autorizadas para hacer las picadas.

"Las empresas tienen que hacer rectificaciones sobre todo en la cuestión social. Van a tener que tener en cuenta a los pobladores que viven en las zonas fiscales", remarcó la funcionaria, consultada por Nuevo Diario. Camardelli resaltó que todos los "actores" del caso tendrán que dialogar.

Hasta ayer, las empresas habían detenido su actividad. "No hemos recibido denuncia de que hayan reiniciado la apertura de las picadas", resaltó la funcionaria.

En tanto el secretario de Energía, Marcelo Palópoli, sostuvo que las empresas tienen la obligación de hablar con todas las comunidades.

Pero dijo que las evaluaciones de impacto ambiental "están". El diputado de Rivadavia Banda Norte, Jesús Ramón Villa, que participó de la reunión con los pobladores, dio detalles de lo ya hecho por las empresas, que intentan aprovechar lo más posible la época en la que no hay lluvias en esa región del Chaco. El legislador aseveró que se abrieron picadas de seis a diez metros de ancho, cuando en realidad, si tuvieran el estudio de impacto ambiental aprobado, sólo podrían hacerla de cuatro metros.

Las picadas, aseveró, se realizaron de sur a norte y de este a oeste, y trazaron cuadrículas en esa zona del Chaco salteño, en la que se encuentran los parajes La Brea, Los Baldes, El Tordillo, El Chañar, Buena Vista y Campo Alegre. No se conoce con certeza cuántos kilómetros llegaron de monte llegaron a abrir.

"La oposición a la apertura de picadas comenzó cuando una familia les dijo que no podía aceptar la venta de la cantidad de árboles que se irían en un kilómetro de picada", resaltó el legislador.

El conflicto con las petroleras apareció en un momento particularmente delicado para los pobladores. Algunas familias criollas que viven desde siempre en la zona tienen pendientes órdenes de desalojo, tras juicios que promovieron particulares que aseguran haber comprado esas tierras.

"Lo más triste de todo, agregó Villa, es que cuando esto comenzó la policía de Morillo y la Brigada de Investigaciones detuvieron y trasladaron en vehículos de la propia empresa a pobladores que se oponían al desmonte", resaltó el legislador.