Por Pablo Fernández Blanco |

Será difícil que dos funcionarios acostumbrados a tomar decisiones, como el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, puedan gestionar sin pisarse los pies. Por lo menos, ésa fue la impresión que se llevaron esta semana las compañías dedicadas al negocio de los hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo y combustibles.

El motivo: cuando los ejecutivos esperaban las consultas que les iba a hacer la flamante Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburífera (CPCE), un producto del decreto 1277 que encabeza el economista de La Cámpora, los tomó por sorpresa un enorme pedido de información que surgió de la cartera de Moreno.

El otro integrante de la comisión es Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. LA NACION accedió a una versión sin membrete -algo habitual en la práctica de Comercio Interior- del documento que envió Moreno. Pero confirmó en varias compañías que les había llegado un pedido de características similares desde su oficina a partir de mediados de esta semana. "Recibimos lo mismo. Yo también las hubiese esperado de la comisión creada ad hoc, pero las enviaron de Comercio Interior. No tengo idea. ¿Se estarán disputando cuotas de poder?", se preguntó un empresario que prefirió la reserva de su nombre ante la consulta de este diario.

Una interpretación casi idéntica realizaron en otras empresas. El desconcierto respecto de a quién hay que responder tiene un ejemplo casi paradigmático: días atrás, según confirmaron en el sector, equipos técnicos de la petrolera Oil M&S, que pertenece a Cristóbal López, un empresario de buena relación con el kirchnerismo, pidió por carta a distintas dependencias oficiales que le respondieran a quién tenían que remitir las respuestas a los pedidos de información referida específicamente a los hidrocarburos.

Es que contestar al pliego de consultas de Moreno es una tarea titánica para algunas empresas, en especial para las más chicas.

Moreno invoca las leyes de lealtad comercial y la de abastecimiento. Sobre la base de ellas, pide información tan diversa como la que va desde la "historia de la participación de la empresa en la actividad" hasta cuadros de resultados, flujos de fondos, evolución del patrimonio, de reservas, inversiones realizadas y costos.

El texto enumera a 32 productores de petróleo y 30 de gas (las empresas suelen producir ambos), 11 empresas transportistas de petróleo, dos de gas, cuatro centros de tratamiento de gas y refinación y ocho distribuidoras de gas, entre otros. De manera que el pedido de información alcanza a casi 60 compañías.

A finales del año pasado, el secretario de Comercio Interior había enviado un pedido similar en su afán por reconstruir en una planilla todos los costos y márgenes de ganancia de los sectores estratégicos de la economía.

Datos cruzados

El pedido de Moreno se cruza con otro requerimiento de información que hicieron durante los últimos meses miembros del equipo de Kicillof, liderados por el subsecretario Augusto Costa, a algunas compañías de gas y electricidad. De acuerdo con las fuentes consultadas, esos pedidos se hicieron por la participación del Estado en las empresas a través de las acciones que tiene la Anses.

Kicillof tuvo hace pocas semanas otro contrapunto con el Ministerio de Planificación. El secretario de Energía, Daniel Cameron, había estipulado el último día de mayo a través de la nota 3456 un techo de 5,20 dólares para el gas de producción nueva que compra Cammesa, la compañía que administradora del mercado, para centrales eléctricas. Aunque en los papeles parece un límite a los precios, implica en la mayor parte de los casos una suba, dado que el precio estaba por debajo.

Días más tarde, el Ministerio de Planificación informó que dejaba en suspenso la medida debido a la creación de la comisión que conduce el viceministro.

Ese organismo debutó el jueves de la semana pasada con una autorización de aumento de un 300 por ciento en la remuneración que reciben las petroleras por la venta de gas a estaciones de gas natural comprimido (GNC). Y, al día siguiente, ordenó un incremento de las retenciones a la exportación de biodiésel, que reportará ingresos para el Estado y bajará el precio de ese insumo en el mercado interno.

LOS PEDIDOS

"Información desde su ingreso [no más de diez años]. Cuadros de resultados, flujos de fondos, evolución del patrimonio y estados patrimoniales"

"Inversiones en exploración. Dólares proyectados por año, operaciones de compraventa de áreas aledañas o cercanas ocurridas en los últimos seis años; líneas sísmica"

"Necesidades de mano de obra directa en horas año por nivel de calificación para cada etapa de los procesos que maneja la empresa; costos de terminación y puesta en producción por pozo productivo"

ACLARACIÓN DE YPF SOBRE ESTACIONES

En su edición de ayer, LA NACION publicó que YPF se proponía renovar los contratos con las estaciones de servicio bajo el modelo de Repsol, llamado Red XXI. En una carta enviada a la redacción, la empresa aclaró que esa modalidad fue creada en la gestión de José Estenssoro, antes del ingreso de los españoles. Sin embargo, Repsol la utilizó durante todo el tiempo que manejó YPF y la gestión actual de la petrolera prevé mantenerla..