"El presidente va a ver la posibilidad de anular esta concesión (de una mina a la filial de la empresa canadiense South American Silver) y de revertir esa riqueza que pertenece a todo el pueblo boliviano", anunció el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, al adelantar que el tema podría ser tratado en la semana por el gabinete ministerial.

La filial de la minera canadiense tenía previsto invertir 50 millones de dólares hasta 2014 en la fase de exploración de los yacimientos de plata e indio (utilizado como semiconductor y en pantallas de cristal líquido) que se hallan en el área. La empresa tiene desde 2007 la concesión de la mina, donde estima que existen entre 140 y 230 millones de onzas de plata y entre 935 y 1.480 toneladas de indio.

Tras el anuncio, el ministro del Interior, Carlos Romero, informó que tres rehenes retenidos durante varios días por un grupo de indígenas del sudoeste del país y liberados este domingo -dos ingenieros de la minera Mallku Khota, filial de South American Silver, y un policía- reciben atención médica y psicológica en la ciudad de Oruro, pues se hallan con un "shock emocional elevado".

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, precisó que el más dañado fue el policía, pues la revisión médica inicial estableció que "fue brutalmente golpeado" por sus captores, por lo que requiere ser sometido a estudios más especializados.

La cadena radial Erbol dijo que los ingenieros de SAS liberados el domingo tras diez días de cautiverio "fueron acusados en la audiencia indígena de espionaje y de violar las tradiciones o costumbres del pueblo de Mallku Qhota" y que deberán cumplir "una sanción comunitaria que consiste en la elaboración de mil adobes cada uno en plazo máximo de 30 días".

La legislación boliviana vigente permite a los indígenas aplicar sus normas ancestrales y asignar alguna sanción que habitualmente supone un trabajo en beneficio de la comunidad.

Tras la liberación de los últimos tres rehenes, el área retornó a la calma. Pérez indicó que se instruyó el repliegue de las unidades policiales trasladadas hasta la zona. El conflicto tuvo como saldo un campesino muerto y derivó en la toma de rehenes de cinco funcionarios de la minera, una fiscal y un efectivo de la policía.

El ministro de Trabajo explicó que el Gobierno entregó el equivalente a unos 1.150 dólares a los deudos del campesino fallecido y que proporcionará empleo a la familia. Además sufragará los gastos de hospitalización de los indígenas que resultaron heridos.

¿Nacionanalización?

El gobernador González explicó que el acuerdo definitivo con los indígenas, que exigen la salida de la empresa minera, se negociará los siguientes días en la ciudad de La Paz sobre la base del compromiso gubernamental de revertir la concesión de explotación.

Tras el fin del secuestro, los indígenas se mantenían movilizados contra el proyecto de SAS y se acrecentaban dudas sobre el futuro de la operación de esa empresa en Bolivia, donde el Gobierno izquierdista de Morales alienta una creciente estatización de la economía.

El mismo gobernante dijo el domingo, en referencia a la demanda de los indígenas aymaras y quechuas de Mallku Khota, que la estatización del proyecto era posible. "Nacionalización es nuestra obligación, el año pasado yo ya había planteado la nacionalización (de Mallku Khota) y les dije (a los residentes del lugar) pónganse de acuerdo, porque el momento que ellos quieran vamos a nacionalizar", afirmó ante una concentración campesina.

Morales, quien anuló el mes pasado una concesión minera del grupo suizo Glencore, dijo que aún no había tomado una decisión definitiva, pero que no tenía apoyo total entre las comunidades indígenas del lugar.