La pequeña llama de ilusión que algunos pocos uruguayos mantenían en cuanto a que de esta nueva reunión de la asamblea de Gualeguaychú surgiera el levantamiento del corte del puente General San Martín, se apagó de un soplido cuando llegó la noticia de que el bloqueo se mantendrá y que la lucha se endurecerá, ahora con un plan de acciones sorpresas. Ante esta realidad, volvió la decepción entre los muy pocos uruguayos esperanzados en que la asamblea entrerriana dejara sin efecto el corte de ruta que ya lleva más de tres años y medio.

Al recientemente reelecto intendente de Río Negro (departamento donde se levanta la planta de la ex Botnia), Omar Lafluf, no le sorprendió la noticia porque dice que los asambleístas transformaron el tema de la violación del tratado del río Uruguay en un problema ambiental, "y el problema ambiental no es tal ya que ha quedado ampliamente demostrado que la planta no contamina".

Lafluf, miembro del Partido Blanco, opositor al gobierno de José Mujica, volvió a cargar las tintas contra el gobierno presidido por Cristina Fernández, "que es quien tiene que tomar las medidas que no ha tomado en estos cinco años".Después, el dirigente opositor uruguayo pone la mira en el propio Mujica: "Yo no se qué actitud va a tomar el gobierno argentino. Con esta medida que ahora conocemos da la impresión de que Mujica se jugó una carta muy importante en pos de solucionar el conflicto y que no habrá ninguna devolución de su par argentino".

En el gobierno uruguayo, y en la ciudadanía en general, está instalada la idea de que la llave para destrabar el corte la tiene el gobierno argentino, más aún después del gesto de confianza que tuvo el presidente José Mujica de levantar el veto que su antecesor, Tabaré Vázquez, le había impuesto al ex presidente Néstor Kirchner para que accediese a la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), al que se refiría concretamente.

Según pudo saber Clarín, en la Presidencia y la Cancillería oriental se piensa que una de las "buenas excusas" que podría manejar el gobierno argentino son los juicios realizados por privados para que se desactive el bloqueo, que podrían dar pie a la Justicia argentina para ordenar el desmantelamiento del corte de Arroyo verde.