Este es un nuevo capítulo en la pelea entre el Municipio y una familia por el uso de una parcela provincial, ubicada sobre calle Zapiola y la avenida Circunvalación.

Durante varias horas las máquinas trabajaron en el predio, que había sido alambrado según las especificaciones del código de construcción del propio municipio. Con destreza, el obrero municipal, arrasó con los 14 mil pesos invertidos por la familia de Yésica Montes en el terreno que, bajo el expediente Nº 2630-0054339 de 2008 iniciado, se solicita la compra del mismo.

Según el Municipio, la familia está usurpando el lote, y eso consta en las actas labradas por los inspectores de Obras Públicas que se acercaron varias veces al lugar cuando estaba siendo desmalezado.

“Es un bien privado del Estado, con un expediente administrativo iniciado. Y ellos (el Municipio) no esperaron a que se termine este expediente. Recién ahora llegó un expediente al Ministerio de Infraestructura pidiendo el terreno para hacer, supuestamente, un espacio público”, señaló la mujer.

Agregó además que “deben esperar que el Ministerio determine la posición legal de cada parte, y como no está afectado al bien público, y es un bien del Estado, este tiene la potestad de poder seguir con la Ley 9533”.

Según la mujer, con el acta de comprobación que llevaron ayer los empleados municipales, es el mismo Gobierno Local el que reconoce la potestad del Estado provincial sobre el lugar.

Dijo además que reconoce que no fue correcta hacer la perforación para el pozo de agua, ya que no tenían la autorización pertinente. El agua había sido pedida, pero como no eran poseedores dominiales, no se la pudieron dar. “Pero tirar el alambrado que se había hecho, que cumplía con lo que dice la ordenanza (2309/86), lo cumplieron. Lo que hicieron lo tendrían que haber hecho con una orden judicial. El poder de policía del municipio es para los casos de salubridad, moralidad y seguridad pública. Este cerco está hecho, de manera provisoria, 40 centímetros dentro del predio privado para seguridad de terceros y para los que estén dentro. Contemplado en el reglamento de construcción; lo tenemos firmado por arquitectos, se hizo hacer todo lo que pide la ordenanza”, señaló.

A las maquinarias y a los obreros poco le importó todo esto y avanzaron sin detenerse. Dentro del mismo, en la casilla montada, estaba la familia Montes viendo como los 14 mil pesos invertidos desaparecían bajo los brazos mecánicos.

104 años de olvido y

una repentina memoria

Los terrenos en cuestión forman parte de lo que iba a ser el Canal del Norte, obra que nunca se realizó. Los mismos son propiedad de la provincia de Buenos Aires. Pero la parcela en conflicto no es la única; parte del Jardín de Infantes está afectada, lo mismo que las tierras que están junto a estas, que también están alambradas desde hace tiempo (se había llegado a colocar una tranquera, que luego fue quitada), pero parece que la preocupación municipal no es para todos por igual.

“La parcela es de 1.326, 37 metros cuadrados y está pedida la compra a través de un expediente administrativo ante el Ministerio de Economía (Nº 2365-817/2011) por la señora Rita Gregorati de Roldán, con fecha 8 de agosto del 2011. Se solicita la compra de la parte trasera de este lote, que estuvieron usurpando hasta la fecha, porque cerraron, entraron de manera clandestina. Hasta pusieron un portón, que luego sacaron. El señor escribano Daniel Rosas y su hermano Claudio, también están en la misma situación”, aseguró Montes.

También hay una sub-parcela ocupada por el patio del Jardín de Infantes, y otra que la “está ocupando un señor de apellido Nasif. Que están en la misma condición mía”, manifestó.

“No hay precedentes de este accionar”

“Sin orden judicial allanaron un domicilio, se están arrogando derechos más allá del poder de policía”, dijo la mujer. Y agregó: “o sea que si hacés un pozo para el agua en tu casa, llegan con las topadoras, te tapan el pozo, se meten y rompen todo. Están avasallando nuestros derechos, no existen precedentes de un accionar como este y con un movimiento policial al que nadie puso resistencia”.

La mujer, todavía conmovida por la situación vivida, dijo que le va a iniciar acciones penales correspondientes al Municipio. “Hablamos con el Ministerio de Infraestructura y ellos nos dijeron que hagamos las acciones penales”, aseguró.

“El reglamento general de construcciones es muy claro: no teníamos que pedir autorización municipal para hacer un alambrado perimetral. En el jardín está el mismo alambrado, porqué me tiraron el mío”, se preguntó. “Tendrían que haber hecho lo mismo con los otros ocupantes de las parcelas”, expresó.

“No puede ser que con decretos municipales hagan lo que hicieron; este es un terreno de la Provincia, no del municipio. Están haciendo esto para amedrentarnos. Será la justicia la que terminará determinando”, señaló