La senador nacional radical señaló que de hacerse, sería una "torpeza sin precedentes".
La legisladora, por su parte, advirtió que sería \"una torpeza sin precedentes" por parte del gobernador Francisco Pérez implementar la medida.
La iniciativa fue anunciada por el mandatario durante su discurso del pasado 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, oportunidad en la que quedó inaugurado el período de Sesiones Ordinarias.
El objetivo, dijo entonces Pérez, es habilitar para la producción más de 13 mil hectáreas para potenciar la economía.
El proyecto implicaría declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación forzosa los bienes inmuebles rurales que al 31 de agosto de 2012 registren deudas impagas ante el Departamento General de Irrigación por montos que excedan a su avalúo fiscal, con más de diez años de deuda y que se encuentren en estado de abandono productivo.
"Hay argumentos legales y formales contra este anuncio sin asidero jurídico", aseguró Motero al respecto.
La senadora por la UCR indicó que "cuando uno tiene una deuda y se retrasa en el pago, la sanción viene por la deuda y hay un procedimiento establecido en el Código Fiscal".
"Otra cosa muy distinta es la expropiación, cuando ésta se realiza, se hace por la 'utilidad pública', es decir, podemos sacar la tierra a alguien porque vamos a hacer una carretera, pero no porque tiene una deuda", explicó la legisladora.
La senadora indicó que "tal vez suene lindo a los oídos de quien ellos quieren que escuchen, porque está de moda por el tema YPF, pero decir que van a expropiar tierras, a mi criterio es de una torpeza sin precedentes", manifestó.
Montero estimó que "es grave" lo propuesto por Pérez "porque en algún momento el Estado puede decir arbitrariamente que, como está abandonada, es de utilidad pública y dársela a otro".
Además, recordó que muchas veces "los productores no pueden honrar sus deudas porque no tienen un modelo productivo que dé la rentabilidad necesaria para hacerlo", porque "no se han dado a esos productores herramientas que permitan hacer competitivos sus productos", dijo.
"No podemos expropiar a alguien que no ha tenido las herramientas adecuadas porque ni siquiera ha podido acceder a un crédito para remontar la situación", manifestó a la prensa. Por eso sería "ilegal e ilegítimo" aplicar un proyecto semejante, porque también, recordó, "hay una ley provincial que dice que estas deudas caducan, prescriben, al quinto año, porque el Estado debería haber aprestado los medios para cobrarlas. Si después de este tiempo no se hizo nada, no se puede cobrar", comentó.
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