“Le estoy pidiendo a (Francisco) Pérez que se abstenga de ejecutar el convenio que en 2008 firmó (Celso) Jaque con el gobernador pampeano (Oscar Jorge) porque es lesivo para la provincia y no tiene consensos sociales ni políticos”, advirtió Montero luego de enterarse por Los Andes que el Gobierno provincial no envió a ningún funcionario a defender a la Provincia en el juicio ético que está desarrollándose en el Tribunal Latinoamericano del Agua, que está sesionando hasta el viernes en Buenos Aires y que puede terminar con una fuerte sanción para Mendoza a pedido de una ONG pampeana.

“Ante la requisitoria del Tribunal Latinoamericano del Agua (organismo internacional no vinculante) que entiende en la presentación realizada por organizaciones de la Provincia de La Pampa por el conflicto desatado por el uso del Río Atuel, la Provincia de Mendoza no se hizo presente y se limitó a enviar una copia del perjudicial Convenio rubricado por Jaque en 2008, ratificando a todas luces la voluntad política de continuar esa errática senda para los intereses de Mendoza”, escribió Montero en una carta pública que le dirigió a Pérez.

En una cláusula de dicho acuerdo, Mendoza se comprometió a mandar hacia La Pampa una cuota mínima de agua. La senadora sostiene que Mendoza debe respaldarse en el fallo de la Corte Suprema nacional de 1987 que le reconoció el derecho a la provincia de irrigar 75 mil hectáreas de la cuenca del Atuel y una vez esto pasar a darle agua a La Pampa (hoy se riegan la mitad de esas hectáreas).

Montero le recordó a Pérez que el convenio que firmó Jaque en 2008 nunca fue mandado por la administración justicialista a la Legislatura y fue ésta una de las causales del juicio político que enfrentó el ex superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio (quien debió dimitir).

“Además –el convenio- movilizó a una enorme cantidad de regantes y productores del sur provincial, que clamaban porque sus derechos habían sido vulnerados”, sostuvo la legisladora cobista. Montero llamó al Ejecutivo provincial a “trabajar seriamente y de manera consistente en las obras hídricas indispensables para el desarrollo productivo de nuestros oasis, en primer término haciendo cumplir el trasvase del Río Grande al Atuel y la obra de Portezuelo del Viento, que no necesitan de ninguna ratificación y deberían estar en el Presupuesto nacional; en segundo término, haciendo las obras hídricas de conducción en los cauces, obras que tienen retrasos o que se han hecho en muchos caso defectuosamente, y por último, implementando mecanismos de mejora, al interior de las fincas, del uso del agua”.

En su carta pública, Montero pide acompañamiento a Pérez y a los legisladores nacionales del kirchnerismo para sacar un proyecto de ley tendiente a crear un fondo para hacer obras hídricas en todo el país. El cierre de la misiva es una fuerte advertencia: “No pedimos que el Gobierno provincial deje de tener buena relación con la Casa Rosada ni con las provincias vecinas; pero sí que esa sintonía no sea al costo histórico del agua de los mendocinos”.