En esas tierras viven 52 comunidades indígenas de cinco etnias distintas y 462 familias criollas instaladas desde 1906. La prohibición de sacar madera de sus propias tierras transformó en delincuentes a cientos de sus habitantes, algunos de los pobladores más pobres de la Argentina. Esto ocurre particularmente desde la reglamentación de la ley de ordenamiento territorial de la Provincia.

La Agencia de Bosques Nativos de la Provincia, a raíz de la nota publicada en la edición de ayer, aclaró en un comunicado que “nunca estuvo autorizada la extracción de madera para uso comercial en ningún lote fiscal”.

No obstante, el comunicado no hace referencia a la dramática situación en la que quedan los aborígenes que hoy son apresados por cortar madera, ya que hasta el momento no recibieron la prometida asistencia del fondos de la ley de bosques.

Los aborígenes empezaron a ser denunciados y apresados, primero a partir del fallo de la Corte Suprema y después con la ley de ordenamiento territorial. La medida impide toda actividad de extracción en las zonas identificadas con el color rojo y parcialmente en las zonas de color amarillo. Desde entonces, asociaciones que dicen defender los derechos de las comunidades, como Fundapaz, Asociana y Lhaka Honhat, y que administran los polémicos fondos, son las que ahora denuncian a los propios aborígenes.

“Hay gente con muchos chicos, y sin beneficios, que no puede mantener a sus hijos. Queremos que la gente pueda hacer trabajitos para mantener su familia. No queremos esperar ayuda, porque no sabemos cuándo va a venir. Los que trabajamos en el monte nos podemos salvar con la madera. Queremos usar el monte como lo hacían nuestros abuelos, pero hasta el quirquincho nos hacen devolver si cazamos. Hasta eso nos prohíben. Eso no puede ser. Ni tres charatas nos dejan pillar”, aseguró Frías.