Para que el Estado sanjuanino pudiera tomar posesión del tradicional Molino de Huaco, que trascendiera en los versos del poeta jachallero Buenaventura Luna, durante el Gobierno militar de 1979 tuvo que efectuar un depósito judicial en el trámite de expropiación, cuyo monto se desconoce porque no hay comprobantes de la época. Pasados los años y como el expediente se extravió, la Provincia tuvo que hacer un nuevo desembolso, esta vez por 236.000, en diciembre del año pasado. En la práctica significa que se hicieron dos depósitos por el mismo bien. Todo, luego de pedir informes al Banco San Juan y al Juzgado Comercial Especial, que respondieron que no había constancias del dinero ni de que alguien lo hubiera cobrado, según dijo el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis.

Las dudas del caso son qué pasó con ese dinero, si nadie lo cobró dónde está y cómo puede ser que nadie sepa su destino.

Recién ahora, cuando se reconstruya el expediente, podrá continuar el trámite de expropiación y notificarse a los herederos de don Buenaventura Luna, quien en realidad se llamaba Eusebio Dojorti, para que puedan cobrar. Entre ellos está Dedicación Marina Dojorti, administradora de la sucesión y propietaria de casi un 75 por ciento de los bienes, incluido el molino. Ella es una de los que vienen reclamando que se haga efectiva el pago, según dio a conocer la abogada Yolanda Moreno, que la representa junto a Grace Ann Bridge.

El trámite de expropiación del molino, que sirvió para la obtención de harina de trigo, viene de antigua data. La primera ley de expropiación de los terrenos, que suman unos 9.638 metros cuadrados, fue la 3.743, del 8 de noviembre de 1972. Después vino la ley número 4.505 del 11 de diciembre de 1978. En base a esta última ley, el 2 de marzo de 1979 se inició el trámite de expropiación, se depositó un monto, aún desconocido, de acuerdo a una tasación del Tribunal de Tasaciones de la provincia, y se hizo la toma de posesión judicial del inmueble. Después la Cámara sancionó el 7 de agosto del 2008 la ley 7914.

El problema es que el expediente de la expropiación se perdió, según dijo De Sanctis. Y por eso en diciembre del año pasado ordenó su reconstrucción. ‘No hay constancias de que alguien haya cobrado el dinero‘, aclaró De Sanctis y fue porque ‘se tomó la precaución de pedir los informes correspondientes‘. Por ejemplo el Banco San Juan tenía obligación de guardar los documentos durante 10 años, hasta 1989.

En el año 1979 había un gobierno de facto en San Juan, a cargo de Manuel Zamboni, mientras que el fiscal de Estado era Carlos Martín Coll.

Sobre si se pagó dos veces, el fiscal respondió que ‘a la luz de los hechos, el dato objetivo es que hubo dos depósitos. Uno del ‘79, con actuaciones extraviadas, y el otro de ahora‘.

Ahora será la Justicia la que determine la distribución del dinero.