Si bien el destino del aumento en la tarifa del subterráneo que decidió el gobierno porteño se decidiría el martes próximo en los estrados judiciales, la multisectorial que se formó para oponerse al incremento decidió en una asamblea seguir permitiendo el acceso gratuito de los pasajeros hasta el lunes.
El secretario adjunto del gremio que representa a los trabajadores de subterráneos, Néstor Segovia, descartó este sábado en la mañana que las medidas de fuerza que planea su gremio vayan a afectar el servicio, aunque anunció que el límite de la protesta es el martes próximo, que es el día en el que la Justicia fallaría sobre la validez del aumento tarifario.
"No hay riesgo de paro", aseguró Segovia ante los micrófonos de Radio 10, al tiempo que reconoció que"si la justicia falla a favor del aumento no hay nada que hacer". "Se hizo todo lo que se pudo hacer, pero ellos son los que mandan", se resignó el dirigente izquierdista.
La Multisectorial que se conformó para oponerse al aumento, que está conformada por agrupaciones gremiales, políticas, estudiantiles y sociales, decidió el viernes último continuar abriendo los molinetes a partir del lunes próximo.
"Estamos convencidos de que está muy caro el pasaje. Hoy el producto es muy malo como para aumentarlo de esta manera. Los 700 millones en subsidios no se controlaban, pero bien administrado, el subte debería dar superávit", se quejó el dirigente gremial.
"Yo no formo parte del gobierno de la ciudad ni del gobierno nacional. Yo tomo parte por el usuario, pero creo que Macri vio un negocio", dijo Segovia.
El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Fernando Enrique Juan Lima recibió ayer los descargos de las tres partes demandadas -Gobierno porteño, la empresa concesionaria Metrovías y la empresa Subterráneos Buenos Aires (SBASE)- y ahora deber resolver qué sucede con la nueva tarifa.
El juez no pedirá dictamen fiscal para resolver, sólo consultó al Ministerio Público Fiscal sobre la habilitación de la feria, pero no lo hará sobre la medida cautelar peticionada por los amparistas. Tampoco resolvería, si suspendiera el aumento, la situación de los pasajeros que ya pagaron 2,50 pesos. En este caso, deberán ser las asociaciones de consumidores o los usuario en particular, los que deberán accionar para lograr el resarcimiento.
Entretanto el legislador Aníbal Ibarra presentó un escrito con 100.000 firmas recogidas en las estaciones más importantes de la red de subtes ante la Justicia en rechazo al aumento.
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