El ministro de Servicios Públicos, Julio Molina, defendió el proyecto de Ley de Emergencia que elevó el Gobierno a la Legislatura para su aprobación.

Molina garantizó que habrá “controles” posteriores en las contrataciones directas que realice el Estado mientras dure la emergencia, que en el proyecto está prevista por un año con la posibilidad de prórroga por uno más.

Al ser consultado por la opinión del diputado Jorge Moreno, el ministro sólo se limitó a decir: “No voy a contestar dichos de nadie; voy a trabajar sobre la urgencia".

El legislador había considerado “inadmisible” la propuesta porque no tiene límites en los montos para la contratación directa y no contempla controles en la inversión. Molina afirmó que "la prioridad de la Ley de Emergencia será trabajar para solucionar en el corto plazo el problema energético”.

Más adelante calificó de “caótica” la situación con la que encontró el servicio energético, tras la rescisión del contrato con la empresa EDECAT. "Nos dejaron un sistema de energía en una situación de precariedad absoluta”, agregó en declaraciones a El Ancasti.

Por otra parte, justificó los cortes de energía que se produjeron en los últimos días por el exceso de consumo (ver aparte páginas 12 y 13) y aclaró que éstos obedecen a problemas en la red de distribución y no por la generación de energía. "Las altas temperaturas, sumado el exceso de consumo, provocan que se revienten los fusibles y los cables están en malas condiciones, eso agrava más aún el problema", indicó Molina.

Por último dijo que se está avanzando en reestructurar el armado de una nueva empresa de energía