La opinión de Righi, jefe de los fiscales federales de todo el país, se conoció este viernes, a través de DiarioTextual. Firmó un duro dictamen contra las ordenanzas de la municipalidad de General Pico porque, sostuvo, favorecen "bajo una aparente legalidad" el proxenetismo y la trata de personas. Además, le pidió al juez federal Pedro Zabala que, a partir de ahora, comience a investigar y no derive este tipo de causas a la Justicia provincial.

En Pico, aún hay estos tipos de locales nocturnos en funcionamiento. Tienen, como en el resto del país, la fachada de whiskería o cabarés. Pero en realidad allí se ejercería la prostitución.

Por el momento, los concejales de Pico -quienes aprobaron una ordenanza que les permite seguir en funcionamiento a estos locales, hasta vencer la habilitación- no han realizado declaraciones a DiarioTextual.

En Santa Rosa, en tanto, fue consultada la principal impulsora de la iniciativa de cerrar los locales, Mónica Molina.

"El dictamen es muy bueno por las definiciones en las que insiste el procurador. En agosto de 2009 ya había recomendado la clausura de estos locales; ahora no hace otra cosa que ratificar fuertemente las decisiones que en su momento tomó Santa Rosa", sostuvo la funcionaria.

- ¿Por qué en Pico aún no se cerraron?

- Que en Pico permanezcan abiertos es por falta de decisión política y eso habla a las claras, como dice el procurador, que convalidan los delitos de trata de personas. Lo que se debe entender es que nunca puede estar una ordenanza por encima de la ley nacional. Hemos insistido con que está vigente la ley de trata. Lo que falta es decisión política. Además, falta decisión política del Gobierno provincial. Es clara la posición del PJ oficial. Que es distinta a la posición de los concejales del PJ en al ciudad de Santa Rosa, que tuvieron una actitud distinta a la de los diputados de su partido y apoyaron los cierres.

- ¿Ha podido hablar con funcionarios y concejales de Pico?

- Al poco tiempo de que sancionamos la ordenanza, viajamos con el viceintendente y concejalas a explicarles y a intercambiar información con los concejales y concejalas de Pico y funcionarias de las áreas de habilitaciones. Les explicamos los procedimientos que implementamos nosotros... Eso no quiere decir que debían copiar nuestras ordenanzas. Pero lo cierto es que no hay argumentos para que no clausuren los prostíbulos, cuando los concejales saben que lo que se hace en esos cabarés es explotación sexual.

- Righi también se quejó porque la Justicia Federal declina la competencia a la Justicia provincial.

- La verdad, creo que no alcanzan a comprender (en la Justicia federal) la percepción del delito. No sé qué es lo que pasa.