La resolución del Tribunal Superior de Justicia, además, viene a corroborar lo que sospechaban todos los conocedores del denso entramado judicial creado en la década que pasó desde la rescisión del contrato de Municipio Digital: agachar la cabeza y pagar cifras absurdas por un servicio que jamás fue prestado no era el único camino para la Municipalidad. Ramón Mestre llegó a esa conclusión obligado ante la evidencia de que Tecsa se estaba llevando lo poco que quedaba luego de pagar sueldos y recolección de basura.

En el Palacio 6 de Julio no queda una sola computadora provista por Tecsa. El sistema informático de la segunda ciudad del país da vergüenza, y sin embargo el municipio en los últimos años ya pagó más de 80 millones de pesos. Ahora la firma pretende otros 123 millones en concepto de intereses, a lo que habría que sumarle otra millonada por honorarios. En un desafío al sentido común y a las garantías jurídicas, un fideicomiso se estaba cobrando en cuotas de 10 millones de pesos mensuales una sentencia judicial que no está firme.

A la trama judicial todavía le faltan muchos capítulos. Pero esta historia que sólo dejó pérdidas para la ciudad tiene mucho pasado y demasiados interrogantes sobre la naturaleza del contrato original; sobre los intereses que definieron su firma, su rescisión y su judicialización; y sobre el empeño que pusieron las últimas tres gestiones a la hora de la defensa. Tal vez la Comisión Investigadora que trabaja en el Concejo logre algunas respuestas.