Ayer a la mañana, el Concejo Deliberante aprobó la modificación de la Ordenanza 10726 que regula las obras rembolsables de asfalto y sus mecanismos de aplicación. A partir de los cambios realizados, se redujo a 10 días hábiles el plazo para presentar a la Municipalidad la documentación que acredite desacuerdo con la obra que se propone, y el porcentaje de aprobación bajó del 65 al 60% de los frentistas.

Antes de la modificación, quien estuviese en desacuerdo tenía un plazo de 15 hábiles días para presentar la documentación a la Municipalidad. Además, bastaba que un 35 porciento de los vecinos estuvieran en desacuerdo para que la obra no se pusiera en marcha, ahora debe llegar el 40%.

El dato saliente fue que mientras se aprobaba la reforma de la ordenanza en el recinto, no se encontraba presente ningún concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), dado que en ese momento realizaban una conferencia de prensa en la sede del partido para dar a conocer su propuesta de modificación que difiere de la norma aprobada.

Los concejales del PJ y el Partido Demócrata aludieron a esta ausencia como “una falta de respeto hacia el cuerpo” por parte de los tres concejales de la Unión Cívica Radical.

Los ediles Gustavo Cañadas, Juan Pablo Eraso y Lucas Quesada aprovecharon un cuarto intermedio para trasladarse a la sede partidaria y dar a conocer el Proyecto de Ordenanza de su autoría que propone un plan de asfaltos municipal mediante la creación de un fondo específico con recursos provenientes de la coparticipación provincial en el rubro Impuesto Automotor, del recupero de la obra pública reembolsable por asfalto, más la aplicación de una tasa por conservación de pavimentos.

La propuesta radical

El presidente de la UCR departamental, Edgar Rodríguez, se refirió a la situación que se ha generado a partir de los nuevos asfaltos emprendidos por el municipio como el de avenida Quiroga y la calle Blas Parera.

Según dijo, el bloque de concejales radicales planteó una propuesta para generar una discusión que permita tener un plan de asfalto como el que se merece San Rafael, creando un fondo permanente y consensuando con los vecinos el plan de obras, además de fijar las prioridades.

Además, destacó que si no se genera una tasa de mantenimiento de asfalto, el vecino de San Rafael termina pagando una obra nueva, reembolsable con costos que el frentista no siempre puede asumir.

En este sentido, planteó la auditoria de una comisión prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades que tendrá como función convocar a los vecinos e informarles el costo de la obra de repavimentación o mantenimiento para evitar suspicacias y conocer cuánto paga el municipio por metro cuadrado de pavimento. Asimismo, se propone que dicha comisión consulte a la Dirección de Vías y Medios de Transporte y la Policía Vial para que opinen sobre las calles congestionadas y donde deben priorizarse las obras de asfaltos.