Si bien la modificación al régimen jubilatorio en Santa Cruz es una cuestión que se viene advirtiendo con mucha anticipación por parte del gobernador Daniel Peralta, varios sectores se oponen porque entienden que la norma irá en detrimento de los aportantes. Sin embargo, desde el Gobierno provincial advierten que antes de enviar el proyecto a la Legislatura, se buscará consenso en todas las localidades.

En la actualidad, la provincia posee 12.429 jubilados, de los cuales 863 fueron incorporados sólo en 2009. El mes pasado los haberes del sector pasivo rondaron los 112 millones de pesos, contra sólo 51 millones recaudados. El déficit de la caja en 2009 fue de 360 millones de pesos y los estudios indican que si no se toman cartas en el asunto los números en rojo llegarán al 2014 con un déficit de 1.500 millones.

La situación que atraviesa la Caja de Previsión -a quien los municipios deben millones- hace prácticamente imposible para el Estado provincial brindar seguridad social y es por ello que hoy, ante la constante incorporación de nuevos pasivos, se puede seguir pagando gracias a los convenios firmados con el Gobierno nacional.

La semana pasada, el tema que sin dudas es eje en la agenda de la provincia, tuvo varios golpes con el levantamiento de algunos grupos de autoconvocados que se niegan a la reforma, entendiendo que la caja “fue vaciada por la corrupción”.

Lo cierto es que por lo antes mencionado, para el Estado se hace imprescindible avanzar con el debate de la modificación de la Ley 1.782, atentos a los balances deficitarios que arroja.

Hasta el momento son Río Gallegos y Caleta Olivia las ciudades más convulsionadas por el anteproyecto: en ambas se realizan radios abiertas, panfleteadas y se organizan manifestaciones.

Entre los sectores renuentes a la modificación están el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), la Asociación de Docentes Santacruceños (ADOSAC), grupos de trabajadores y pasivos de la Administración Provincial, entre otros.

Entienden ellos que esta reforma “va contra el 82%móvil”, que su implementación “afecta derechos de los trabajadores”, que “baja la zona desfavorable para los docentes”, “eleva la edad jubilatoria” o que “no es más que un vulgar plan de ajuste”, tales fueron los argumentos esgrimidos en las manifestaciones de la semana que pasó.

CONSENSO

Por otra parte, en los próximos días el gobernador Daniel Peralta daría a conocer la manera en que instrumentará una suerte de mesa de concertación que reúna las inquietudes de cada localidad.

Además, desde el Gobierno provincial se dejó en claro que la nueva ley no proyecta cambios en la edad jubilatoria o se pretenda transferir la Caja de Previsión a la Nación.