En la cima del gobierno se habría analizado una "medida política" destinada a saldar el conflicto que generó la distribución de subsidios para viviendas entre funcionarios y empleados jerárquicos de la administración provincial: una alta fuente de Fontana 50 admitió a periodistas de este medio, que los funcionarios públicos beneficiados con los mencionados aportes del Instituto Provincial de la Vivienda, tendrían que reintegrar esos fondos. De esa manera, el gobierno repararía su imagen y al mismo tiempo desactivaría los reclamos que efectuó la oposición ante la Justicia.

Como se recordará esa línea de subsidios fue creada en el marco de un programa destinado a paliar la desocupación en el sector de la construcción. En ese contexto, el Estado entregaba a quienes lo solicitaban hasta 21.000 pesos, que no tenían que devolver. El cupo total de subsidios que se repartieron fue de 13 millones de pesos.

Informe

En el mes de septiembre del año pasado, la Legislatura aprobó una Resolución por la cual solicitó al Poder Ejecutivo información respecto a la ejecución de dicho programa y en ese marco la nómina de beneficiarios de los subsidios. A partir de esa documentación, emitida por el IPV, se observó que entre los beneficiarios, se encontraban funcionarios, que según la ley, se encuentran imposibilitados para recibir subsidios del estado.

Por eso, la denuncia que presentaron los radicales y que lleva la firma de la legisladora Marta Raso considera que "existe una clara violación a las normas administrativas y penales sobre el programa". En ese mismo texto, recomendaron investigar la participación que les ha cabido a quienes han tomado parte en la operatoria, sea como funcionarios públicos que concurrieron a habilitar la disposición de los fondos, sea como beneficiarios de los subsidios.

Debate

El bloque radical había considerado que la decisión del presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo García Moreno, posibilitó "un verdadero festival de subsidios que habilitan un uso desviado de fondos públicos, perjudicando de este modo al erario provincial y beneficiando indebidamente a personas que en modo alguno carecían de recursos como para resultar beneficiarios de este tipo de aportes, o bien se encontraban impedidos de recibirlos por su pertenencia como funcionarios públicos al staff gobernante". Según esa presentación se había creado "un sistema de beneficios individuales no reintegrables, que lisa y llanamente importaron transferir de modo discrecional y sin fiscalización alguna, ingentes recursos públicos a particulares".

La diputada del PJ, Rosa Múñoz, fue una de las voces que salió con los tapones de punta: "Me enternecen cuando hacen esas denuncias sin acordarse de lo que ellos hicieron cuando gobernaron, dándoles casas a los amigos y a los hijos de los amigos. Si no, miremos quiénes viven en las casas que construyó el IPV sobre la avenida Yrigoyen, en Trelew. Son todos los que formaban parte del gobierno radical", afirmó Muñoz en ese debate.

Propósitos

Lo cierto es que el tema escaló, más allá de que mediáticamente fuera abordado por muy pocos medios, y no hace mucho fue analizado en la primera línea del gobierno provincial, donde algunas voces opinaron que no era demasiado lucido para el oficialismo, el que se hayan utilizado recursos públicos para entregar aportes a personas que no cumplen con los requisitos exigidos por la ley, cuando no, funcionarios y sus parientes.

La devolución de los fondos tendrá el propósito de reparar ese "desliz"

que terminó con formato de denuncia penal y perfume de escándalo.

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