Según indica la ley de Inversiones Mineras de 1993, y los decretos de 2003 y 2004, las empresas mineras en el país tributan en concepto de regalías un máximo de 3% del valor extraído en boca de mina. El concepto “boca de mina” surge de restar al beneficio obtenido por la venta del metal, el costo de producción de ese metal. Y sobre ese resultado se aplica el 3%.
Pero el canon extra que pagan las mineras en San Juan quintuplicó el valor que reciben por regalías, ya que lo recaudado ya supera los 600 millones de pesos, al mes de agosto.
La plata por aportes “extra” regalías que el Gobierno exigió a las empresas mineras metalíferas en San Juan para realizar obras eléctricas y de infraestructura ya suma 611.820.000 pesos, según datos oficiales.
Esa cifra será mayor cuando se sumen otros fondos más recientes, por fideicomisos de las minas Gualcamayo (Minas Argentinas) y de Casposo (Troy Resources) de entre el 1 y el 1,5% del total de su producción, que fueron exigidos por las autoridades.
Todo ese dinero es el resultante de la estrategia que encontró el Gobierno provincial para cobrarles un poco más de plata a las mineras, por fuera del circuito tradicional del tributo legal que recibe la provincia, es decir, las regalías. En todos los casos, fueron exigencias establecidas al momento de otorgar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a cada una de las empresas. La mayor parte se traduce en importantes obras de energía eléctrica a zonas que nunca la tuvieron.
Un formato parecido es el que buscaría implementar Santa Cruz, aunque para el ministro lo que se planteó ayer con este fideicomiso “es superior” ya que se busca beneficiar “a todas las localidades de la provincia y no en forma exclusiva a las que están cercanas al emprendimiento” sostuvo, aunque las mismas gozarían de otros beneficios, relacionados con al Responsabilidad Social Empresaria que también se reclamó ayer desde el gobierno provincial.
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