Casi dos horas de exposición le llevó a García Moreno desarrollar todos los programas que están en marcha y sobre las soluciones que se han resuelto en estos años.

A pesar de las soluciones que dijo se dieron en estos años, el número de inscriptos en el IPV casi no ha descendido ya que se mantiene un promedio de 30 mil anotados en el organismo que pujan para acceder a una vivienda.

García Moreno en sus dos horas de exposición no habló del desvío de fondos que hizo desde el Instituto para construir más de 250 obras que nada tienen que ver con las viviendas, como el subsidio que le otorgó al poderoso empresario Jorge Aidar Bestene por casi 4 millones de pesos para la remodelación del Autódromo Mar y Valle de la ciudad de Trelew. Tampoco el presidente del organismo mencionó el subsidio otorgado para la ampliación de tribunas del Club Racing de Trelew por un valor de 1.232.000 pesos, la ampliación de la Capilla Don Bosco en Rawson por 440.000 pesos y para la construcción de una guardería náutica del Club Camwy en Gaiman por 620.000 pesos sumadas a las más de 250 obras que no fueron para la construcción de viviendas, “esto es un claro desvíos de fondos y que alguien debe hacerse responsable porque muchas familias se quedaron sin sus viviendas para beneficiar a poderosos empresarios”, se quejó el diputado del ARI, Fernando Urbano.

Tampoco García Moreno se refirió a la Resolución N 1044/91 que exige que los listados de los adjudicatarios sean publicados por el término de veinte días corridos por los distintos medios de difusión de la provincia y expuestos en el Organismo Ejecutor, Delegaciones del mismo y el municipio de la localidad en que se construyen las viviendas a fin de que la población efectúe las impugnaciones que puedan corresponder.

Desde hace 37 años que se creó el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, y si bien su accionar ha generado discordia, malestar, y sospechas de corrupción, nunca antes, como en estos últimos ocho años se han escondido los nombres de los adjudicatarios.

Según un informe de la auditoria anual realizado por la Subsecretaría de la Vivienda de la Nación se desprende que en Chubut no se cumplen con las Resoluciones que están en plena vigencia. Una de ellas es la resolución N 1044/91 mediante la cual se reglamentó el mecanismo para la selección y adjudicación de las viviendas en sus diferentes operatorias.

Chubut se cumple parcialmente porque una vez que la persona se inscribe en el IPV se procede a la selección de los postulantes siguiendo el Orden de Puntaje. Además cuando dos o más postulantes obtengan igual puntaje, se dará prioridad a la antigüedad de la Inscripción en el Registro Permanente de Aspirantes a Viviendas. En caso de que varias familias se encuentren en igualdad de condiciones se aplicará la Resolución N° 791/90 que ordena para estos casos que la adjudicación sea realizada por Sorteo Público.

La Resolución 1044/91 determina seguidamente que verificado los datos se procede a confeccionar dos listados de postulantes. Uno con los postulantes seleccionados, y el segundo con los nombres de un 20 % adicional que serían los posibles reemplazantes. Ambas listas deberán contener la identificación del jefe de familia, el domicilio actualizado y el puntaje total obtenido. De esto García Moreno no habló porque nunca este gobierno dio a conocer los listados de los adjudicatarios antes que se entreguen la viviendas.

A través de una acción de amparo presentado por el diputado del ARI, Fernando Urbano se pudo conocer los nombres pero sin los puntajes de unos 6.945 beneficiarios de viviendas entre el 2004 y el 2010 pero la información dada ante la Justicia no fue completa porque en principio faltan los nombres y de otros cinco mil beneficiarios aproximadamente, y los puntajes de cada uno de ellos.