Si bien no primó un consenso absoluto en la mayoría de los proyectos que se trataron con una agenda donde sobresalieron los tópicos que involucran a la judicatura provincial, las diferencias entre las facciones fueron específicas, lo que no garantiza que el inicio del nuevo período parlamentario en el flamante edificio de Muñecas y Sarmiento se caracterice por la concordia, ni mucho menos.

Durante el debate de una de las principales iniciativas que se trataron, el oficialismo finalmente logró la aprobación de una serie de modificaciones a la Ley 7.844 de Mediación Obligatoria, aunque debió ceder en uno de los puntos que había levantado mayores polémicas. En tal sentido, el fondo de financiamiento por medio del cual el Estado se hace cargo de los honorarios de los respectivos mediadores, tuvo que ser mantenido pero sólo en aquellos casos en donde estén involucrados montos que no superen los 10.000 pesos, siempre y cuando el litigio haya finalizado en un acuerdo mutuo entre las partes.

A su vez, se dispuso que si la mediación fracasare, serán las partes las que deberán abonar el importe correspondiente al 50 por ciento de los emolumentos.

A pesar de que hubo un cambio en lo que respecta al proyecto original (donde se establecía la eliminación del fondo en cuestión, previsto en el Presupuesto provincial) desde los sectores refractarios al alperovismo se alzaron las críticas al sostener que con esta medida se afectaría el normal desenvolvimiento en la aplicación de justicia, como así también habría un condicionamiento de índole económico a las diversas partes involucradas en un proceso de mediación.

De acuerdo a lo señalado por el referente radical Ariel García, a través de la aprobación de esta norma "se genera un retroceso inaceptable a lo que es la tendencia mundial como una forma civilizada de resolver diferencias. Es un obstáculo para el acceso a la justicia que se imponga a los litigantes la carga económica, lo cual viola los derechos y garantías constitucionales y pactos internacionales".

Por su parte, su correligionario, Federico Romano Norri fue mucho más gráfico a la hora de expresar sus cuestionamientos, al considerar que "se mató a la mediación, este modelo exitoso se convertirá en una simple cuestión que se mira desde una perspectiva económica, prescindiendo de los ahorros que se logran con la paz social" posibilitados por esta instancia judicial.

El ex presidente del centenario partido en la provincia indicó, amén de justificar su defensa a esta metodología, que alrededor del 50 por ciento de los casos que llegan a la mediación reciben una resolución favorable.

"¿Acaso no se advierte que Tucumán tiene un altísimo nivel de litigiosidad, y no estamos aprovechando la enorme ventaja que nos otorga este sistema?", preguntó Romano Norri. Para concluir su exposición, calificó la propuesta del oficialismo como "una miopía, si miramos desde la perspectiva de los números, ponemos en las partes los cargos de todo el proceso, lo cual se torna en ridículo", aseveró.

Resguardar el sistema

El beneficio y viabilidad que le otorga la mediación al Poder Judicial fue resaltado por la opinión de Alberto Colombres Garmendia (PRO) al indicar, a modo de ejemplo, que se evitarían así la creación de nuevos juzgados para el seguimiento de los diversos casos que se presenten en forma de pleito. "La ley actual contempla un sistema lógico y equitativo porque garantiza el pago para cada una de las partes, lo cual es tirado por la borda con estas modificaciones. Se generarán efectos nocivos para los mediadores quedando desprotegidos en el pago de sus honorarios", planteó Garmendia, al tiempo de advertir que con estas modificaciones se multiplicarán los pleitos que ingresen al Poder Judicial.

Algunas de las voces que llevaron adelante la defensa del proyecto oficial, fue la del propio impulsor de la medida, Sisto Terán. Para el justicialista, no hubo una intención alguna de aniquilar el instituto de la mediación con esta iniciativa, ya que se hubiera puesto en debate el cambio del carácter obligatorio a optativo del mismo, con los cual disminuirían las causas.

"Los mediadores tienen ingresos mixtos (fondo de financiamiento más lo abonado por las partes), no hay un sistema utópico donde la asistencia de justicia sea garantizada en un 100 por ciento abonado por el Estado, puesto que no sabríamos hasta dónde comprometemos el erario público", fueron sus justificativos para respaldar los cambios impuestos.

Vinculado con el aspecto referido, Terán informó que durante 2011 se pagó una suma que asciende a los 4,6 millones de pesos en concepto de emolumentos, cifra que se supera en dos millones al monto previsto para el año el curso y fijada en el Presupuesto provincial.

Uno de las modificaciones que fue aceptada por el pleno del cuerpo, tiene que ver con aquella donde se estipula que el mediador, a partir de la puesta en vigencia de estas enmiendas, ya no será elegido por alguna de las partes en conflicto, sino que participará de un concurso para proceder a su selección.

Al momento de la votación en general, solamente tres legisladores se manifestaron en contra, los radicales Roberto Sánchez, Romano Norri y el democristiano, José Páez. En tanto, durante la votación en particular, el articulado que estipulaba los cambios en la forma de pago de honorarios recibió el voto en disidencia de Garmendia, García y Silvia Elías de Pérez. Ricardo Bussi, se ausentó del recinto.

Desde ahora, los conjueces llegarán a la Corte

Otro de los proyectos que recibió el aval de la bancada justicialista y aliados versaba sobre la modificación de la ley 6.238 (Orgánica del Poder Judicial) a través de la cual se dispuso que en caso de vacancia, impedimento, recusación o inhibición, los miembros de la Corte Suprema de Justicia serán reemplazados por conjueces desinsaculados (seleccionados), para cada caso, por sorteo de la lista que anualmente confecciona, por fueros, la Corte.

De esta forma, se echó por tierra el sistema que se aplicaba desde 1991, donde al momento de suplantara a algún miembro del Máximo Tribunal se apelaba a los vocales de Cámara en primer término, los jueces que reúnan las condiciones para ser vocales en segundo lugar y, por último, se optaba por los conjueces.

José Páez (Democracia Cristiana), no acompañó esta iniciativa, al argumentar que "los conjueces no pasan por el Consejo Asesor de la Magistratura y tampoco por la aprobación de la Legislatura", situación que no garantizaría la ecuanimidad al momento de ejercer sus funciones. En igual sintonía se expresó Federico Romano Norri quien indicó que los flamantes suplentes en la Corte "son abogados de forma, amigos de las partes o con intereses directos o indirectos que pueden ponerse en juego. Se empaña el sustento de la imparcialidad", aseveró el radical.

El texto fue aprobado por la mayoría alperovista, al tiempo de cosechar los votos en contra de los seis opositores presentes en el recinto.

Contra la trata de personas

Durante el período de Manifestaciones Generales, el caso "Marita Verón" no pasó desapercibido en la Legislatura, puesto que la parlamentaria SIlvia Elías de Pérez Expresó su solidaridad con Susana Trimarco, a la vez que cuestionó la ausencia de decisión política para combatir la trata de personas.

"El sólo hecho de pensar en la posibilidad de que una persona desaparezca, sin que el Estado intervenga garantizando derechos tan elementales como la vida, la integridad física y la libertad, produce pavor en indignación", sostuvo la dirigente de la UCR. Así también, objetó las medidas que se llevan a delante para combatir el delito de trata de personas. "No nos engañemos con allanamientos esporádicos, que pretenden generar la sensación de ser programadas para calmar a la opinión pública. Es preciso adoptar políticas de estado y cancelar todas las maniobras y compromisos que permiten que este delito siga sin ser prevenido y castigado con la contundencia que requiere", agregó.