Con su claridad y elocuencia habitual a la hora de hablar del tema, Mónica Molina dijo que “a partir de la iniciativa de Santa Rosa otros pueblos adhirieron. Hubo un pedido de la Secretaría de Derechos Humanos y otros pueblos se sumaron. Pero no hubo decisión política del Gobierno Provincial de terminar con los prostíbulos”.

Explicó que esta situación lleva a la provincia de La Pampa al incumplimiento de la legislación nacional, la Ley de Profilaxis del año 1937 y la Ley de Trata 26.364. “No sólo eso, sino que además hay tratados internacionales que estamos incumpliendo”, remarcó.

Molina explicó que “cuando decimos que no hubo decisión política del Gobierno es porque no se trataron los proyectos de ley relacionados con el tema. Y esto es responsabilidad del bloque mayoritario, del oficialismo”.

Los proyectos existentes son el del socialista Adrián Peppino, que propone extender la ordenanza santarroseña de eliminar todos los prostíbulos, el del legislador Juan Carlos Scovenna, de creación del Consejo Provincial de Trata de Personas, y otro de Sandra Fonseca -ahora alejada del PJ-, de asistencia a la víctima.

- Es una situación muy comprometida para el oficialismo. Es un bloque con muchas mujeres, pero nadie presentó un proyecto vinculado con la problemática.

- Sí. Habla de una falta de autonomía de pensamiento. Acá tenemos el respaldo del intendente, pero hacemos cosas que son parte de las políticas de la Subdirección. Hay cuestiones que son claras: cuando hay delito, hay delito. Es lamentable que pase esto (la existencia de los prostíbulos). Por acción u omisión.

Se tienen que poner los recursos económicos y legales para afrontar el delito de trata.

No hay un alineamiento con lo que ocurre a nivel nacional. Hay un corto que pasa el Consejo de la Mujer, pero nosotros no sabemos quién atiende el programa. No lo conocemos, no nos avisaron. Así no se hacen las cosas. Y no hay otras acciones.

- ¿El caso de Macachín lo denunciaste como periodista en el año 2008 en la revista “Urbanas en red”?

- Sí, aparecía (Daniel) De Lucca. Lo que yo creo es que claramente, es evidente, que hay complicidad política. No sólo porque aparece el concejal Blas, que tenía el prostíbulo mientras era concejal. Si los locales están habilitados y hace rato que se habla de que son ilegales, ¿qué puedo pensar? O son muy ignorantes o hay complicidad.

- ¿Ignorantes no son?

- Lo que pasa es que un funcionario público tiene que desasnarse en algún momento. En Santa Rosa cuando tuvimos la libreta sanitaria, el registro de alternadoras y fichas de alternadoras estábamos ante un delito.

Ya sabemos que la mera eliminación no termina con esta situación. Lo cierto es que los prostíbulos son un eslabón necesario en la cadena de la trata, indispensables para que se cometa el delito. ¿¡Cómo los vamos a dejar abiertos!?

- Hubo un intendente (Luis Rogers, de Lonquimay) que defendió al cabaré de su pueblo, hay un intendente procesado por habilitar otro (David Bravo, de 25 de Mayo) y el vicegobernador Luis Campo aparece otorgando subsidios a una puntera política que regentea un cabaré en Victorica. ¿Qué opinás de esto?

- Estas situaciones demuestran por qué no se quiere ir a fondo. Además, todo esto después de que en Nación se han dado muchos pasos, como la Ley de Trata y la eliminación de los avisos clasificados de oferta sexual, acá se va en otro sentido.