Esto, claro, más allá de las incomodidades puntuales de quienes antes llegaban y salían de allí a bordo de los colectivos que viajan a distritos y hoy esperan en una vereda o se bajan lejos del centro, o de los intereses de quienes explotaban locales comerciales allí.

Además, son cada vez más los vecinos de San Rafael que se preguntan qué destino tendrá ese inmueble, siendo que es un bien del Estado, y a quiénes se ha consultado al respecto, si bien el gobierno municipal no es plebiscitario ni tiene porqué llamar a una consulta popular ya que, como señala la Constitución, "el pueblo sólo delibera y gobierna a través de sus representantes".

Y allí aparece en déficit el rol del Concejo Deliberante, en cuyo seno opera una Comisión de Seguimiento que, además de controlar el cumplimiento de los términos del contrato de concesión de la nueva terminal, debe supervisar el destino que se le de a la que quedó en desuso. Y en los términos de creación de esa comisión, en principio no se había previsto un solo párrafo acerca del predio de Coronel Suárez y Godoy Cruz. Posteriormente se incorporó esa figura que incluía el llamado a un Concurso de Ideas antes de decidir su destino.

De hecho, según pudimos averiguar, hay un grupo de profesionales sanrafaelinos que está elaborando un proyecto integral pero no encuentra interlocutores en el Gobierno Municipal y tal vez ni siquiera sepan que existe esta comisión integrada por los concejales Mauricio Sat (FpV), Alberto Pérez Gasul (PD) y Juan Pablo Eraso (UCR). Estos ediles, a su vez, tampoco fueron informados de la intención de demoler el viejo edificio y, a fuer de ser sinceros, tampoco se preocuparon demasiado cuando el tema se hizo público.

Entre las posturas predominantes hay tres claramente definidas: que allí siga funcionando una terminal de pasajeros para la gente de distritos, que se levante un paseo de corte cultural para unificar el espacio con la peatonal Pellegrini a través de la calle Avellaneda, o se construya un centro comercial y departamentos en propiedad horizontal además de dos niveles de cocheras subterráneas a través de un fideicomiso.

Pero, como suele suceder, hasta ahora se ha omitido consultar a los que saben de cuestiones urbanísticas, de construcción o financieras a fin de contrastar la viabilidad de esas iniciativas que, además, habría que someter en algún momento a una audiencia pública como establece la legislación de la provincia para esta clase de emprendimientos.