Andrés Barbieri es un abogado de Mar del Plata que denunció ante la Fiscalía General los supuestos delitos de acción pública reflejados en el artículo de la revista Noticias, edición 1740, del 30 de abril. Allí se puso en foco una investigación de los periodistas María Fernanda Villosio y Rodolfo Palacios, que exponía los delitos de presunta asociación ilícita, exacciones ilegales, administración fraudulenta, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se aseguraba la existencia de una pirámide ordenada en escalafón de mandos, que administraba dinero proveniente de coimas.

En la cima de la estructura se encontrarían no solamente el gobernador Daniel Scioli, sino el ex ministro de seguridad Carlos Stornelli, y el jefe de policía, comisario general Juan Carlos Paggi. La importancia de los cargos de los mencionados amerita -a criterio del letrado- la inmediata intervención de la Procuración General de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia.

La publicación de referencia afirma que las 360 comisarías de toda la provincia de Buenos Aires recolectan $300.000.000 anuales -o sea $25.000.000 por mes- por soslayar el control de delitos contravencionales. De ese dinero “negro”, se rendiría cuentas a un superior. Dicen que en la Provincia de Buenos Aires, la tarifa vigente para esos “arreglos” es variable, ya que depende del tamaño de la comisaría y su ubicación. Sin embargo, en promedio, una comisaría podría recaudar por juego clandestino unos $30.000 mensuales; por talleres mecánicos fuera de regla, $8.000; por boliches, de $8.000 a 24.000; en los prostíbulos, de $4.000 a $32.000; más los cobros a ferias que venden artículos de contrabando. Sólo en la Salada se reunirían $100.000.

Se dice, además, que el argumento más difundido para justificar tales actos ilegales es que estos recursos se utilizan para solventar los gastos operativos de las comisarías, que cuentan con presupuestos magros: un sistema que se retroalimenta y es prácticamente obligatorio.

La denuncia de Barbieri da precisiones respecto del gasto, e indica que del presupuesto destinado por el Ministerio de Seguridad Bonaerense -$4.950 millones en el 2010-, un 83% se invierte en sueldos del personal, y apenas el 17% se deriva a gastos operativos. Incluso en la provincia reconocen que esa suma no alcanza para financiar el gran aparato policial, y que ni aumentando el presupuesto oficial cinco veces se podrían cubrir todos los gastos oficiales.

Si es cierto que “esta recaudación se envía hacia arriba”, como afirma la denuncia, “porque primero va al distrito, después a la departamental, al Jefe de Policía, y finalmente al Ministerio”, ¿qué ha hecho hasta ahora el fiscal?

Se dice que las comisarías apenas retienen entre un 10 y 15% de la caja negra, y estas afirmaciones han sido ratificadas -según refiere el artículo periodístico- por un integrante de la Suprema Corte de Justicia, por el ex viceministro de Seguridad Marcelo Saín, por otro ex funcionario de la gestión de Arslanián, y por el ex fiscal federal de San Martín y actual asesor de Naciones Unidas, Luis María Chichizola. Por esta razón, Barbieri solicita que ellos sean citados a declarar para profundizar la investigación, porque a su criterio, todo lo expuesto revela que evidentemente existe una verdadera organización delictiva que actúa impunemente en la provincia de Buenos Aires, merced a la protección de las más altas autoridades bonaerenses.

Por eso, el abogado ha dicho: “las autoridades denunciadas tienen competencia para evitar la consumación de estos delitos, (…) nada hacen para desterrar definitivamente estas prácticas enquistadas desde hace años en la fuerza de seguridad provincial”. De hecho, la policía de la provincia de Buenos Aires depende directamente del Gobernador, y es él quien ejerce un control directo a través del Ministerio de Seguridad. La impunidad y protección institucional se ve confirmada por la falta de una denuncia formalmente presentada por autoridades para que se investiguen los hechos expuestos en la nota citada. Hasta el momento, sólo ha habido silencio.

Otras repercusiones

Miguel Ángel Reynoso es secretario general de la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires -APROPOBA- la entidad sindical de hecho que agrupa a integrantes de la fuerza policial. Él se presentó ante la vicepresidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia en relación con la misma nota periodística, titulada “Pruebas y confesiones de la corrupción policial”.

A criterio de Reynoso, “los hechos denunciados en la publicación apuntan a una serie de actos de corrupción institucionalizada o una matriz generalizada, con la complicidad de las más altas autoridades políticas”. Se refiere precisamente a las declaraciones del ex viceministro de Seguridad Marcelo Saín citadas en la nota, que apuntan a los primeros años en que ocupara la titularidad de la cartera Carlos Arslanián: Saín menciona haber sido tentado para aceptar un monto millonario, producto de las actividades policiales ilícitas. Reynoso se pregunta atinadamente cuál fue entonces el motivo por el cual dicho funcionario no procedió al secuestro del dinero ofrecido, y a poner al oferente a disposición de la justicia. ¿Comunicó el hecho al propio ministro? ¿Tenía conocimiento Arslanián de tales supuestos manejos?

El propósito del secretario de APROPOBA es que, de una vez por todas, se despeje cualquier duda sobre un tema, que en forma tan recurrente vuelve a ser noticia, sin que se arribe a ningún proceso. Por eso requiere la urgente iniciación de una investigación parlamentaria, con el fin de llevar adelante las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, especialmente al tener en cuenta la calidad de los funcionarios que podrían encontrarse involucrados. La denuncia de Barbieri dio lugar a una causa radicada en la UFI 10, Juzgado de Garantías Nº 6 a cargo de Lucrecia Bustos, presentación que recibió además la adhesión de APROPOBA.

Pero el 19 de mayo, el diario El Día de La Plata dio a conocer que Carlos Stornelli, relevado por el gobernador Scioli de su cargo de ministro de Seguridad, habría presentado seis días antes de su desplazamiento una denuncia penal contra un ex funcionario de esa cartera y habría pedido en el mismo escrito que se investigara si jefes policiales se encargaban o no de reunir dinero que entregarían a altos funcionarios políticos. Según se afirma, la presentación fue mantenida en virtual secreto, ya que Stornelli no comunicó oficialmente que había radicado una nueva denuncia penal. El ahora ex ministro denunció a Marcelo Saín –mencionado en la nota de Noticias- por no haber puesto en evidencia las presuntas "recaudaciones de fondos" que realizarían comisarios de la bonaerense. Cabe aclarar que la etapa a la que se refiere Stornelli en su denuncia corresponde a 2002-2003, cuando era ministro de Seguridad de la Provincia Juan Pablo Cafiero, y Saín era subsecretario de Planificación y Logística de esa cartera.

La presentación parte de las declaraciones de Saín a la revista, cuando afirmó: "hay comisarios que se dedican a juntarla", y “ese dinero va para arriba". Dijo Saín: "históricamente la cúpula policial entrega parte del botín al ministro de Seguridad de turno". También dijo que a él, un enviado del jefe policial de ese momento le quiso dar un millón de pesos, y que ni él ni Cafiero aceptaron la valija. Justificó que no hizo la denuncia en su momento porque no tenía pruebas, y afirmó: "Scioli y Stornelli conocen en detalle esto porque alguien se los explicó. Y sospecho que les habrán ofrecido también levantarles la valija. No sé si la agarraron. Quizás sí, ¿por qué no?, si son amigos de la policía".