En el lote de inscriptos al Programa de Desendeudamiento ya se inscribieron Catamarca, Corrientes, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Chubut y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A partir de ahora empieza la verdadera discusión: el proceso de cálculo y de determinación de la reducción de la deuda y la reprogramación de vencimientos en cada distrito.

El decreto que dio origen al programa, estableció que los recursos acumulados en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueran distribuidos de acuerdo con un índice de endeudamiento, construido en base a la participación relativa de cada provincia en el stock total de deuda provincial. Al tomar como parámetro el endeudamiento con la Nación, sólo las provincias endeudadas con el gobierno federal saldrían beneficiadas con la medida. No obstante, teniendo en cuenta que los ATN surgen de la masa coparticipable, y por lo tanto son fondos que las provincias contribuyeron a generar, se torna interesante el planteo de la distribución utilizando como factores de prorrateo, los coeficientes de distribución secundaria (distribución entre provincias) vigentes, plantea el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Los ATN se conforman con el 1% de la masa coparticipable de la recaudación nacional. Por ley, sirven para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de las provincias. En el último año, se acumularon aportes no distribuidos por un total de $ 9.808 millones, que constituyen la base del financiamiento del programa de desendeudamiento. De ese total, unos $ 267 millones le corresponderían a Tucumán, aunque el cálculo puede llegar a estirarse a $ 490 millones, de acuerdo con las estimaciones del gobierno de la provincia.

Catorce de las veinticuatro jurisdicciones provinciales se beneficiarían si la división de los fondos se efectuara de acuerdo con el criterio de distribución secundaria que opera en la actualidad; en comparación con los montos que recibirían con la forma de reparto que emplea el índice de desendeudamiento.

La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero (no endeudadas con la Nación) pasarían a recibir fondos que de otra manera no percibirían, y por lo tanto el beneficio surge de manera inmediata. No obstante, aquellas jurisdicciones cuyos niveles de deuda con la Nación sean lo suficientemente bajos en comparación con su coeficiente de coparticipación, también se verían menos beneficiadas si el reparto se realizara teniendo en cuenta su participación relativa en el stock total de deuda, sostiene el Iaraf.

La distribución de los ATN en base a la participación de cada provincia en el stock total de deuda genera que cinco jurisdicciones, además de las no alcanzadas por el decreto 660/10, resulten relativamente menos beneficiadas respecto del eventual esfuerzo que realizaron (vía resignación de coparticipación) para la conformación del fondo de recursos no distribuidos. Los bajos niveles de deuda con la Nación de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de La Rioja, Salta, San Juan y Tierra del Fuego, generan que estas jurisdicciones se vean escasamente favorecidas con la puesta en práctica del programa de desendeudamiento provincial.

"De todos modos, es de esperar que jurisdicciones en esta situación adhieran al Programa de Desendeudamiento, ya que si bien una porción grande de torta es siempre preferida a una pequeña; una porción, aunque sea pequeña, es siempre preferible a ninguna", puntualiza el informe del instituto que dirige el economista cordobés, Nadin Argañaraz. La Gaceta<>