La nueva ley de Catastro Provincial se convertirá en un registro de hecho de objetos territoriales legales, basado en la mensura de sus límites, deslindado conforme al derecho de propiedad emergente de los títulos invocados o de la posición ejercida, y constituirá la base de su sistema inmobiliario para el ejercicio del poder de policía, y en materia tributaria y de ordenamiento administrativo del dominio público o privado.

Entre sus funciones estarán las de publicar el estado de hecho de los objetos territoriales de dominio público y privado; contribuir como sistema de información territorial a la elaboración del plan estratégico provincial; establecer el estado parcelario de los inmuebles y verificar su subsistencia; y contribuir a elaborar la infraestructura de datos geoespaciales de la provincia.

Además, servirá para elaborar datos económicos y estadísticos de base para la legislación de tributación inmobiliaria y la acción de planeamiento; establecer y determinar con participación de la Dirección General de Rentas la base imponible del impuesto inmobiliario; registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las parcelas y determinar su valuación, entre otros objetivos.

En los fundamentos de la iniciativa el Ejecutivo cita a la ONU como la organización mundial que “considera que el progreso de los pueblos se mide por el estado de su catastro; un país organizado, debe contar con esta herramienta para poder planificar su futuro”.

“Por ello esta ley pretende adecuar los objetivos y finalidades del Catastro, a las exigencias del gobierno y sociedad actual, influenciados por el avance tecnológico y la globalización de la utilización de los datos que brinda el Catastro, facilitando una acabada información, como asimismo compatibilizar los lineamientos e incorporaciones observadas en el catastro nacional con los catastros provinciales”, expresa.