Saladino está acusado por presunto cobro de dádivas para beneficiar a un detenido, cuyo abogado, Marcos Alonso, apareció asesinado en 2010 en nuestra ciudad con un dólar en la boca.

En la audiencia oral que se realizó el viernes en el anexo de la calle 7 y 49 del Senado de la provincia de Buenos Aires, se continuó con la toma de declaración de los testigos.

Una fuente judicial explicó que el jurado aprobó un pedido de la defensa para que Diego Alonso, hermano del defensor asesinado, amplíe su declaración y para que se cite como testigo al defensor oficial de nuestra ciudad Martín Marcelli.

Así, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 9, día en que se dará a conocer el veredicto.

El jurado deberá resolver si a Saladino se lo destituye o absuelve de las acusaciones por "incompatibilidad con la dignidad y la austeridad para el cargo judicial, parcialidad manifiesta, cohecho y mal desempeño de sus funciones".

Al juez se le imputa haber acordado con Alonso favorecer la situación procesal de su asistido, Walter Gallastegui, a través del cambio de calificación de un hecho, que originariamente había sido tipificado como "homicidio simple en grado de tentativa" y luego se redujo a "lesiones graves".

De esta forma, Gallastegui iba a obtener el beneficio de la excarcelación, algo que finalmente no sucedió.

Durante las audiencias prestaron declaración la mujer, la hermana, el tío y el suegro de Alonso, policías, peritos informáticos, abogados y remiseros.

El testigo Lucas Moyano, empleado del Juzgado de Garantías 1 de Olavarría, dijo tener "un buen concepto del juez Saladino" y afirmó que no le consta que el magistrado "haya recibido dinero" de parte de Gallastegui, a quien tildó de "una persona de mal vivir". Agregó que "no me pareció que las causas de Alonso tuvieran privilegio en el juzgado".

Por su parte, el secretario del letrado asesinado, Ricardo Pierce, explicó que Alonso le decía que en la causa Gallastegui "estaba todo arreglado" y relató que en una oportunidad el defensor llevó 25.000 pesos al juzgado de Saladino.

El juez fue denunciado ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de Mar del Plata y el fiscal interviniente, David Bruna, entendió que "surgían elementos para presumir que Saladino resultaba ser autor penalmente responsable del delito de cohecho agravado", explicaron fuentes judiciales.

Ese expediente aún no pudo avanzar porque se espera la decisión del jurado, pero a raíz de su formación Saladino fue acusado por la Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, y por la Comisión Bicameral de la Legislatura.

El jurado que sigue el jury está presidido por Eduardo de Lázzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por un jurado de 10 conjueces, cinco legisladores y cinco abogados de la matrícula.

Saladino comenzó a ser investigado a raíz de imputaciones formuladas por la viuda del abogado Alonso, días después del crimen cometido el 26 de enero de 2010.

Alonso fue hallado asesinado de siete balazos y con un billete de un dólar en su boca, dentro de su auto Peugeot 307 estacionado en una calle céntrica de nuestra ciudad y desde un principio se investigó el hecho como un caso "mafioso".