Hasta hace pocas semanas, el empresario Luis Jones era el principal referente de los armadores y supuestamente el responsable de manejar los fondos que enviara el Gobierno provincial para otorgarlos a los dueños de los barcos, capitanes, marineros, fileteros y otros trabajadores del ámbito de la pesca que desde hace meses se quedaron sin recursos económicos propios y fueron protagonistas de marchas de protesta y piquetes en el puerto.

El enojo del ministro quedó evidenciado cuando dio un puñetazo a la mesa que el jueves en Río Gallegos fue epicentro de una acalorada reunión que mantuvo con varios representantes de la flota amarilla de Caleta.

Los mismos viajaron a la capital provincial para actualizar ante las autoridades el panorama de la crisis laboral que los afecta y al mismo tiempo requerir otras alternativas de ayuda económica.

De ese encuentro, también tomó parte el ministro de la Producción, Jaime Alvarez, y los titulares de las secretarías de Pesca y de Trabajo, Juan Carlos Braccalenti y Raúl Santibáñez, además de Juan Carlos Gómez, secretario privado del intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo.

A todo esto cabe recordar que inicialmente la flota amarilla atribuyó la escasez de recurso ictícola a las actividades offshore de compañías petroleras, haciendo especial hincapié en los trabajos de prospección sísmica que realizó Pan American Energy, la cual a su vez respondió con un detallado informe de impacto ambiental para deslindar responsabilidades.

Más tarde el gobierno dispuso que los barcos amarillos fueran a pescar más allá de las 15 millas náuticas, donde se constató que las capturas eran considerables, pero ello chocó con la reticencia de la marinería por entender que se los enviaba a una zona de riesgo ya que la mayoría de los barcos de pequeño porte no estaban en condiciones de superar límites de seguridad.

“ALGUN MOTIVO DEBE TENER”

Francisco Núñez, principal vocero de los marineros que estuvo en la reunión celebrada en Río Gallegos, fue consultado ayer por Diario Patagónico acerca del enojo del ministro Barreto por las supuestas irregularidades en cuanto al destino de los fondos que la provincia le dio a Jones para pagar subsidios.

Ante esta situación, Núñez respondió con algunas evasivas pero indirectamente confirmó la versión que comenzó a tener visos de escándalo al señalar que “hay cosas que uno no puede decir porque no tiene la certeza o seguridad (de las irregularidades), pero si el ministro lo está citando al igual que a todos los dueños de los barcos que están en Caleta Paula, seguramente algún motivo debe tener”.

En tanto, en las primeras horas de la tarde de ayer, los marineros de esta ciudad se concentraron frente al edificio municipal para percibir una ayuda económica de 500 pesos que les enviara el Gobierno provincial para atender necesidades mínimas, hasta tanto se gestionen más recursos para el mismo fin.

POR CONVENIO

En efecto, los marineros quieren que se aplique un convenio oportunamente avalado por el gobierno por el cual se establece que en casos de crisis pesquera, deben utilizarse un fondo al cual aportaron los armadores, estimando que a cada trabajador embarcado le corresponde unos 3.000 pesos en calidad de “reaseguro”.

Esto está por verse y para tal circunstancia ya estaría confirmada otra reunión con autoridades provinciales, la cual se realizaría el martes en Caleta Olivia, a la cual ya fueron citados todos los representantes de la flota amarilla, incluido el empresario Luis Jones, según señalaron fuentes confiables a este diario.

Es que Barreto quiera las cosas claras, sobre todo cuando alguien le dijo que en el listado que poseía Jones para el pago de subsidios, había mucha gente “que nada tenía que ver con la pesca” e incluso se dejaron de lado a no pocos fileteros, muchos de los cuales son de nacionalidad boliviana y están radicados en Caleta desde hace varios años.

Mientras tanto, este diario procuró contactarse con Jones en reiteradas oportunidades, pero no respondió a los llamados que se le hizo a su teléfono celular.