Más de 70 inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación realizaron ayer mediodía la última jornada de inspecciones sobre condiciones de trabajo en el partido bonaerense de San Martín, en el marco del plan que apunta a intensificar los relevamientos en los distritos del conurbano
"En este operativo se hicieron 1.600 inspecciones a comercios, industrias, obras en construcción, donde verificamos las condiciones de 4.800 trabajadores", destacó el funcionario en diálogo con Télam.
Según los datos preliminares, se encontraron irregularidades en el 20 por ciento de los casos, aunque Alonso Navone estimó que buena parte de esos trabajadores serán "dados de alta" en el sistema de seguridad social para evitar las multas que se imponen a los empleadores.
"Tener un trabajador no registrado significa una multa de 5.600 pesos, pero de acuerdo a la cantidad y proporción de personas que estén en esa situación, se puede llegar a 24 mil; en cambio si lo regulariza, esa multa se reduce a 300 pesos por empleado", explicó.
En el mismo sentido, aclaró que la política de regularización no tiene la intención "de recaudar con multas sino que se busca que recaude la seguridad social, y que el trabajador goce de todos sus derechos".
Por su parte, la directora Nacional de Fiscalización, Laura Rúa, señaló que la intención del Ministerio es focalizar los controles en el conurbano bonaerense, donde se encuentra la mitad de los trabajadores en situación irregular.
"Según la Encuesta Permanente de Hogares, el último trimestre de 2011 arrojó que el 34.2 porciento de trabajadores en situación irregular en todo el país y la mitad de ellos vive en el conurbano, por esos realizamos operativos de alto impacto, con muchos inspectores que en un instante pueden conocer la situación de los trabajadores gracias a un sistema de cruce de datos con AFIP".
La funcionaria explicó además que se realizan seguimientos permanentes de los trabajadores porque los empleadores "son hábiles para poder encontrar vericuetos y evitar el aporte de la seguridad social".
Por último destacó que uno de los grandes desafíos de la gestión es la regulación de los empleados de servicio domestico, ramo que ronda el 86 por ciento de informalidad.

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