El ministerio de gobierno realizó su propio "anuario"

El ministerio de gobierno realizó su propio "anuario"
El Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, que encabeza Felipe Álvarez, destacó los ejes que marcaron la gestión de la cartera política a partir de un proyecto de reorganización de su estructura orgánica elaborado en septiembre de 2010 y que luego la Cámara de Diputados convirtió en la Ley Nº 8832.

La nueva estructura se destacó por ser notablemente más pequeña que la anterior e involucró la reasignación de funciones, la desburocratización de la organización y la mayor agilidad y eficiencia en la prestación de los servicios. Uno de los cambios más significativos fue que varios organismos estatales pasaron a depender directamente del Ministerio de Gobierno. Así sucedió con la Secretaría de Gobierno y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo, la Policía de la Provincia, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Consejo de Seguridad Interior más seis Direcciones con funciones netamente administrativas.

En cuanto al personal del Ministerio de Gobierno, la reorganización del área permitió que, por un lado, se aplicara la baja a aquellas personas que no cumplían una tarea efectiva; mientras que por otra parte se regularizó la situación de aquellos empleados que tenían una relación laboral precaria a la vez que se recategorizó a los agentes con más de 30 años de antigüedad.

También hubo avances para mejorar las condiciones laborales e incrementar los salarios de los agentes de las distintas dependencias del Ministerio.

El Ministerio de Gobierno puso en marcha distintas líneas de acción a partir de las instrucciones dadas por el gobernador Luis Beder Herrera. Entre ellas se destacan:

Seguridad

El Ministerio de Gobierno comenzó a trabajar sobre una concepción integral de la seguridad con el objetivo de atender las demandas legítimas de la comunidad en la materia. En este sentido, el desarrollo de las condiciones de vida con crecientes niveles de seguridad es un objetivo prioritario del Gobierno Provincial.

En este marco resultó imprescindible abordar las causas del delito como condición necesaria, aunque no suficiente, para alcanzar resultados a largo plazo en la lucha contra el delito. También se promovió la acción conjunta con otras áreas vinculadas con la integración social a fin de fomentar la convergencia de un conjunto de políticas sociales, culturales y deportivas tendientes a prevenir el delito.

Compromiso con valores democráticos

En relación a las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la Policía de la Provincia, el Ministerio de Gobierno planteó como premisa que los objetivos en materia de seguridad debían alcanzarse con políticas comprometidas con los valores democráticos.

La cartera política ejerció un auténtico gobierno de la fuerza policial e hizo efectivas las previsiones establecidas por la Ley Orgánica Policial (Nº 6943) que colocó a la Policía bajo el mando de una autoridad política designada por el Gobernador.

Control político de la Policía

Con la sanción de la Ley Nº 8832 se concretó la creación de la Dirección General de Asuntos Policiales Internos, como órgano ministerial, ajeno a la estructura policial y al que le incumbe asegurar un accionar policial estrictamente ajustado al principio de legalidad y apegado al deber de respetar y proteger los derechos humanos.

Esto apunta a prevenir más eficazmente la posibilidad de conductas delictivas o contrarias a la disciplina de los integrantes de la fuerza policial.

Participación comunitaria

Otra acción destacada de la actual gestión en el Ministerio de Gobierno es la apertura que se hizo hacia la participación de la comunidad a través de los Foros Barriales de Seguridad.

Estos Foros fueron concebidos como instancia de intervención de los vecinos y de las organizaciones intermedias quienes conocen en forma genuina la conflictividad existente en cada zona y que contribuyeron a elaborar los mapas del delito en los barrios y el diseño de proyectos apuntados hacia la función preventiva y la reducción de factores de riesgo que favorecen el delito.

Por otra parte, esta participación ciudadana contribuyó a afianzar la relación entre los miembros de la fuerza policial y la comunidad.

Profesionalización de los recursos humanos

Por otra parte, el Ministerio de Gobierno también se propuso elevar el perfil profesional de los miembros de la fuerza policial.

Por eso se brindó un decidido apoyo a la labor desempeñada por el instituto de educación policial.

Esta profesionalización de la Policía apunta a fortalecer la capacitación con el abordaje de las técnicas y tácticas más modernas de prevención e investigación como así también para asegurar que la formación de los efectivos policiales priorice el respeto a las garantías individuales, a los derechos humanos y al apego a la ley. A su vez, esta profesionalización de los policías también se expresó en una mejora general de las condiciones laborales de los integrantes de la fuerza. Por ello se dispusieron aumentos y blanqueos salariales.

Cambios en la organización policial

Además, se pusieron en ejecución diversas medidas vinculadas con aspectos organizativos de la fuerza policial.

Para ello se dispuso la reestructuración de los mandos policiales.

Por otro lado, en cumplimiento de la Ley Nacional de Seguridad Interior (Nº 24059) se resolvió reflotar el Consejo de Seguridad Interior como órgano asesor del Ministerio de Gobierno con la misión de implementar la complementación con las autoridades federales y contribuir al constante perfeccionamiento del accionar en materia de seguridad en el territorio de la provincia mediante el intercambio de información, seguimiento de situaciones y la previsión de operaciones conjuntas y evaluación de resultados.

En este punto, se destaca la creación del Área de Asuntos Juveniles en el seno del a Policía de la Provincia con el objetivo de propiciar un abordaje especializado de las problemáticas de los jóvenes vinculadas con la seguridad.

Ampliación de la capacidad operativa de la Policía

El Ministerio de Gobierno también realizó acciones tendientes a ampliar las capacidades policiales para el ejercicio de las funciones de prevención de la comisión de ilícitos penales y contravenciones.

En ese marco, se avanzó hacia un incremento en la dotación del personal policial y en inversiones en infraestructura y equipamiento:

- Se incorporaron cerca de 240 efectivos para reforzar el área de prevención urbana.

- Se entregó equipamiento en comisarías y unidades especiales de la Policía, incluyendo vehículos de la fuerza.

- Se creó la Comisaría 2º de Chilecito, la reubicación de la Comisaría 6º en Capital hacia un edificio completamente refaccionado y se remodeló la oficina de Relaciones Policiales.

- Se trabaja en la inminente puesta en funcionamiento de un sistema de video vigilancia con la instalación de cámaras fijas que transmitirán las imágenes capturadas en tiempo real a un centro policial de monitoreo y control.

-Se implementará el sistema 911 para la atención de las situaciones de emergencia en las que se van comprometidas la seguridad o la salud.

Énfasis en la prevención

Asimismo, la cartera política desarrolló acciones con el objetivo de reforzar las estructuras y actividades policiales dirigidas a prevenir la comisión de ilícitos.

Para ello, se incrementó la presencia policial en las calles como herramienta disuasoria y sin que ello suponga el debilitamiento de la eficacia del servicio prestado en las comisarías.

También se extendió el servicio de Prevención Urbana hacia el interior de la provincia, tarea iniciada en las ciudades de Chilecito y Chamical.

Además se reintegraron al servicio efectivo de la fuerza más de 80 efectivos policiales que estaban afectados a distintas reparticiones públicas o que gozaban de licencias otorgadas sin sustento jurídico.

Se aseguró la presencia policial durante las 24 horas del día en las zonas del micro y del macro centro de la Capital lo que contribuyó a erradicar la modalidad del arrebato en la vía pública.

Se intensificó el patrullaje en aquellas zonas que presentan mayor conflictividad de acuerdo al mapa del delito.

Se produjo la adhesión al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego implementado por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Se ejecutaron operativos conjuntos con fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería Nacional y Policía Federal) tendientes a impedir la comercialización de estupefacientes.

Conclusión

Como resultado de todo este proceso de reorganización, el Ministerio de Gobierno aseguró que el conjunto de medidas implementadas contribuyó al control del delito y constituye hoy una de las razones por las que La Rioja exhibe uno de los índices más bajos de hechos delictivos entre todas las provincias del país.

De todos modos, el objetivo es seguir mejorando los resultados de la gestión y el Ministerio de Gobierno trabajará para profundizar y complementar las líneas de acción desarrolladas durante 2011.

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