Cabe preguntarse para qué se tiene un Ministerio de Educación, si ni siquiera la conducción técnico-pedagógica ejerce, salvo que se considere las escuelas de verano como acción pedagógica relevante.

El grupo de vivillos (un subsecretario que quiere ser ministro, un ex ministro que quiere volver a serlo; ex directores a los cuales les prometieron recuperar sus cargos "cuando lleguemos de nuevo al poder", etc.) con el consabido pretexto de "organizar y ordenar la liquidación de haberes educativos" opera a cara descubierta desde la UPSTI y de la Unidad Funcional de Liquidación Docente (al que no controla ningún organismo de contralor, o sea, hace lo que quiere), estableciendo sus propios miembros sus propios criterios (algo que parece estar de moda) por sobre leyes y decretos que norman y regulan dicha actividad.

Fiel a su estilo, el Gilberto pasa las facturas que le quedaron pendientes del pasado (y otras nuevas que inventa) y así perjudica y directamente deja sin sueldo a los que no son de su agrado. Y eso que "la educación es el nuevo nombre de la justicia social".

De que justicia social hablan si en las oficinas educativas es posible ver diariamente cientos de docentes que se quejan amargamente porque no les pagan sus sueldos a pesar de haber trabajado. Siempre faltan papeles, documentaciones, etc. muchas de las cuales son caprichosamente requeridas, porque no figuran en ninguna normativa. No se puede jugar con la gente de esta manera y que lo hagan un grupo de nostálgicos procesistas, a los cuales no les interesa en absoluto que muchas familias se queden sin comer.

Si las voces de miles de docentes son verdaderamente audibles, los que están dispuestos a escucharlas deben tomar medidas urgentes para solucionar esta grave situación. En el Ministerio Economoeducativo hay demasiadas cucarachas.