Todo sigue su marcha y las medidas cautelares a pesar de ser desestimadas por la Justicia sirvieron para conseguir tiempo y dilatar la aplicación de una norma que viene mal engendrada desde su origen, donde primaron los acuerdos políticos para definir una campaña política en Buenos Aires en vez de los intereses de cada una de las provincias mineras. Desde lejos se tienen que ver los acuerdos entre Daniel Filmus y Miguel Bonasso que apuntaban a desviar la atención a 1.200 kilómetros de distancia, cuando el mayor problema ambiental del país lo tiene la Capital Federal en el Riachuelo. Pero estos son temas que tienen que ver con el federalismo mal usado y la utilización de conventillo que pueden dar ciertos personajes sobre todo a través de los medios de comunicación de las grandes ciudades.

Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan, es uno de los más duros al analizar la situación. “Por más que me lo expliquen no puedo entender porqué se actúa sobre una cuestión de forma y no sobre el tema de fondo como es la inconstitucionalidad de la ley”. Esto en plena alusión a que la Ley de Glaciares, que no se sabe a ciencia cierta si está totalmente reglamentada, lesiona los derechos de las provincias en el artículo 24 de la Constitución Nacional. Este artículo sostiene que los recursos naturales son de las provincias y son ellos los que pueden hacer presupuestos de máxima sobre alguna cuestión en particular. Los analistas sostienen que la Ley de Glaciares, no es una norma de presupuestos mínimos, tal cual debe ser una norma nacional, por lo que lesiona los derechos de las provincias.

“No hay quien no quiera cumplir con la norma vigente, nosotros trabajamos para que se respete lo que se dispone”, explica el ingeniero Bergé cuando mira lo que ocurrirá a partir de este momento. De todos modos, el argumento de revocación de las cautelares sobre la posibilidad de que la norma cause un daño irrevocable han dado tiempo a las empresas a prepararse y ajustar todos los detalles que están en torno a la presencia de geoformas o cuerpos de hielo en el lugar. “Nosotros, desde la sanción de la norma, en GEMERA -Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina- aconsejamos a nuestros asociados a contratar a especialistas en glaciares para no tener ningún tipo de problema”.

De todos modos, cuando los mineros analizan lo que está ocurriendo, corren un velo y sospechan de “cierta politización a la hora de tomar decisiones”, según el ingeniero Bergé.

El doctor Julio Ríos Gómez al tema le quita peso y pone una cuota de tranquilidad. “Las empresas han tenido tiempo de trabajar sobre la presencia de geoformas en sus respectivos terrenos”, expresó.

Por otro lado, se mostraron tranquilos porque la provincia, como tal, tiene una ley de glaciares que, entre otras cosas, prevé un inventario de glaciares, que se está haciendo. “Ahora habrá que ver cuánto tiempo necesitan para poner en marcha la ley, porque para comenzar con el inventario de glaciares hay que enviarle fondos al IANIGLIA -Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales -, que será el encargado de hacer el relevamiento. “Cuando se tengan los datos nacionales se tendrán que contrastar con los que tenemos en la provincia y, a partir de ahí, ver qué se tiene que corregir o judicializar en cuestiones puntuales”, explicó uno de los empresarios. De todos modos, la mayoría se encuentra cauto a la hora de opinar.

Desde la CEPSEM afirmaron que este veredicto no afecta a la actividad minera ni a los emprendimientos mineros en marcha en la provincia de San Juan debido a que en la misma ya existe un inventario provincial de glaciares que cumple con la legislación vigente en materia medioambiental, tal y como lo especifican las leyes de la provincia de San Juan.

Por último, desde AOMA- Asociación Obrera Minera Argentian- Ivan Malla dijo: “La medida nos sorprende y tenemos que estar todos atentos en conjunto en la actividad minera”. Asimismo, resaltó la labor de los letrados que conocen el tema en las discusiones de fondo que se tienen que dar.