Mineras y gobierno buscarán consensuar alternativas de ingresos

La derogación del decreto por el cual hay excepciones al tope de 3% de regalías mineras ya es un hecho. En la reunión de hoy, en Buenos Aires, que encabezará el gobernador, se planteará a las empresas algunos mecanismos de ingresos que podrían, como mínimo, duplicar ese monto que ingresa al fisco.
Encabezaría el encuentro con las mineras en Buenos Aires.

Santa Cruz busca acordar con las mineras mecanismos de ingresos para el Fisco similares a los que tienen San Juan o Catamarca.

Hoy la mayoría de las mineras sólo pagan al Tesoro el 1% por regalías de los valores en boca de mina. Pero la ley establece un 3%. La diferencia se debe a ciertos incentivos que en su momento se plantearon para fomentar las inversiones del sector. “La onza estaba a 200 dólares y sólo había una minera trabajando”, dicen desde el Gobierno. Hoy son más de 25 los proyectos y el valor del mineral a nivel internacional perforó el techo de 1300 dólares la onza (ver aparte).

En un año en el que las perspectivas para el oro son más que positivas y la expansión de la producción alcanzaría al 21%, el gobierno busca remediar, mínimamente, un desequilibrio fenomenal entre las ganancias de las empresas y lo que queda al fisco por la explotación de sus recursos naturales.

Vale recordar que sólo un yacimiento hace poco se negoció por 3.400 millones de dólares, lo que implicaría dos veces el presupuesto total que la provincia utiliza anualmente, y ni un centavo de esa operación será tributada en Santa Cruz.

Una de las ideas que se planteará será la posibilidad de conformar un fideicomiso, como tiene San Juan, integrado por aportes porcentuales de las mineras.

Hoy esa provincia argentina recauda, en forma directa, diez veces más de lo que hoy se tributa en Santa Cruz.

Cabe acotar que según indica la ley de Inversiones Mineras de 1993, y los decretos de 2003 y 2004, las empresas mineras en el país tributan en concepto de regalías un máximo de 3% del valor extraído en boca de mina. El concepto “boca de mina” surge de restar al beneficio obtenido por la venta del metal, el costo de producción de ese metal. Y sobre ese resultado se aplica el 3%.

En San Juan, desde que en 2005 entró en producción la primer mina de oro en esa provincia -Veladero- y luego, al sumarse Gualcamayo en junio de 2009, los ingresos por regalías vienen creciendo a pasos agigantados para los sanjuaninos: en 2006 las regalías apenas superaban los $ 16 millones; en 2007 pasaron los $ 25 millones; treparon a casi $ 43 millones en 2008 y tras bajar levemente a unos 39 millones el año pasado, en 2010 -y sólo hasta agosto- ya superan los $ 97 millones.

Pero el canon extra que pagan las mineras en San Juan quintuplicó el valor que reciben por regalías, ya que lo recaudado ya supera los 600 millones de pesos.

La plata por aportes “extra” regalías que el Gobierno exigió a las empresas mineras metalíferas en San Juan para realizar obras eléctricas y de infraestructura ya suma 611.820.000 pesos, según datos oficiales.

Esa cifra será mayor cuando se sumen otros fondos más recientes, por fideicomisos de las minas Gualcamayo (Minas Argentinas) y de Casposo (Troy Resources) de entre el 1 y el 1,5% del total de su producción, que fueron exigidos por las autoridades.

Todo ese dinero es el resultante de la estrategia que encontró el Gobierno provincial para cobrarles un poco más de plata a las mineras, por fuera del circuito tradicional del tributo legal que recibe la provincia, es decir, las regalías. En todos los casos, fueron exigencias establecidas al momento de otorgar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a cada una de las empresas. La mayor parte se traduce en importantes obras de energía eléctrica a zonas que nunca la tuvieron.

Un formato parecido es el que busca implementar Santa Cruz, cabe acotar que la mayoría de los proyectos mineros en la provincia aún están en estado de exploración y para su ingreso a la producción deben presentar, justamente, esa declaración de impacto ambiental ante las autoridades provinciales.

De todas maneras, la idea es hacerlo en consenso con las empresas, de tal forma de evitar cualquier reclamo ulterior.

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