El proyecto de gravar con un canon extraordinario del 10% la transacción de traspaso de empresas mineras poseedoras de concesiones mineras en Santa Cruz ayer tuvo su corolario, luego de la dividida votación que existió en el recinto de la Cámara de Diputados que obligó al vicegobernador Fernando Cotillo a tener que desempatar, como no había ocurrido en la Legislatura hace más de 20 años.

Ayer, en declaraciones a La Opinión Austral, el diputado y jefe de la bancada del FVS, Rubén Contreras, reconoció que lo ocurrido no fue lo deseado y que apenas llegado a Caleta Olivia, el vicegobernador Fernando Cotillo “me llamó por teléfono para decirme que pensaba llamar a una sesión extraordinaria” para tratar la ley de transferencia.

Contreras destacó la iniciativa de la diputada de Puerto Deseado y recordó que “normalmente las empresas que hacen las exploraciones son las juniors y una vez que están para explotación, las venden porque no tienen el respaldo económico para mantenerlas” y sostuvo que en ese contexto, “lo que nosotros queremos hacer es cobrar un canon del 10% cuando se venden, que es facultad de la Provincia, acá no tiene nada que ver la Nación y no por eso vamos a dejar de pertenecer al proyecto nacional y popular”.

Recordó que “en mi caso, vengo trabajando ya hace muchos años, comencé a militar en el FVS en el 87, junto a Néstor Kirchner, y considero que tengo pertenencia y también con el provincial, porque fuimos todos juntos en la boleta”.

Volviendo al proyecto, sostuvo que “me parece que es muy importante y le hubiera dado a la provincia 40 millones de dólares, algo hoy vital, en el marco de la situación que se vive”, sostuvo.

Planteó que “ya vimos cómo Cerro Negro se vendió a Golcorp en 3.600 millones de dólares y nosotros perdimos esto, porque ahí podría haber entrado un muy buen dinero a la provincia y hoy no estaríamos en la situación de ahogo que tenemos”, dijo.

Planteó que “hoy podríamos habernos adelantado para cobrar eso (por lo de Yamana Gold), porque acá hay que decir que con esto no se irá nadie sin invertir, porque las empresas mineras ganan mucha plata”.

Insistió en que “es importante que podamos sacar ese canon extraordinario y creímos que habiendo tenido despacho de las tres comisiones en forma favorable, se podría haber aprobado en el recinto”.

Contreras recordó que el único que no firmó el despacho fue el diputado Héctor Roquel, porque quiso hablar primero con el secretario de Minería, pero al volver dijo “que estaba de acuerdo” y por eso acompañó la votación.

Y al pedirlo sobre tablas, “ahí fue cuando se complicó todo y terminó como terminó, con una votación 12 a 12 y el vicegobernador votando para que vuelva a comisiones”, aunque para Contreras la decisión de Cotillo “quizás se debió a que no sabía que la ley ya tenía los despachos correspondientes”.

Extraordinaria

Sobre cómo sigue esto, el diputado indicó que recibió una llamada del vicegobernador Fernando Cotillo, quien le manifestó “que quiere llamar a una extraordinaria” y sostuvo que “eso está bien, y seguramente habrá muchos diputados que van a ir, pero el tema es que si ya había un despacho para salir, me parece que volver de nuevo (aunque advirtió que si se llama, irán) el miércoles o jueves porque no lo quisieron tratar ayer, es ilógico. Sigo sin terminar de explicarme porqué no se aprobó en el día de ayer”, sostuvo.

Sobre los argumentos de inconstitucionalidad del diputado Alvarez, Contreras aseveró que él no lo ve así. “Este es un canon extraordinario que lo cobra la provincia, más allá de que lo volveré a consultar, pero ya se ha buscado la opinión de varios abogados, tanto los asesores del bloque como los de la Cámara, e incluso se habló con el secretario de Ingresos Públicos y el de Minería y están de acuerdo con esto”.

Recordó que “yo también presenté un proyecto similar con respecto a la venta de los yacimientos petroleros, porque no hay que olvidarse que cuando se hizo la extensión de los contratos de OXY, valían 3.600 millones de dólares y a los 45 días de haber firmado el contrato se vendió a Sinopec en 4.600 millones de dólares, y la provincia no recibió absolutamente nada de eso”. Dijo que más allá del proyecto en sí, la verdadera discusión debe pasar por las regalías mineras, “porque en el presupuesto de 2011 la provincia recaudó 17 millones de pesos contra más de 1.200 millones de regalías petroleras y gasíferas, y para este año hay presupuestado 51 millones de regalías mineras contra 1.800 millones de regalías hidrocarburíferas, por eso creo que sería fundamental que desde la OFEMI se trabaje para elevar las regalías mineras, porque lo que pagan realmente no es siquiera un 3%”, concluyó.

Embate

Ayer, en declaraciones a Radio Al Sur, la diputada Selsa Hernández volvió a mostrarse muy crítica hacia su par Leandro Alvarez y señaló que el mismo deberá dar explicaciones sobre su accionar, sobre todo por haber evitado que ingresen “180 millones de pesos” que hubiera significado el canon por la venta de Estela Resources a Yamana Gold.

Sus declaraciones, que también realizó a distintos medios, no tardaron en repercutir y fue por LU 14 Radio Provincia por donde Leandro Alvarez, el diputado de Puerto San Julián, salió a replicarle.

“Así como no me dejó llegar el martes el mal tiempo, se ve que ella no tuvo la posibilidad de la reunión de bloque el miércoles por la mañana, que es cuando se toma la posición colectiva con la que llega el Frente para la Victoria al recinto. Tampoco quiso debatir el proyecto en un cuarto intermedio, con lo cual yo me quedé sin la posibilidad de debatir con ella y explicarle cuáles eran mis razones”.

Señaló que “acompaño la intención de la captación de la renta minera y sobran ejemplos de eso, como el proyecto colectivo en Puerto San Julián en ese sentido”.

Pero rechazó que la ley propuesta grave la renta minera, “de ninguna manera es así, es un impuesto a las transferencias de una empresa a otra, lo que ella no está diciendo es que las empresas mineras mantienen su persona jurídica, Extorre va a seguir siendo Extorre, independientemente de quién sea el tenedor de las acciones, y el traspaso simplemente se registra en la Inspección General de Justicia pagando un impuesto a los sellos, con lo cual nunca va a poder cobrar lo que ella está diciendo”.

Sobre la firma favorable en el despacho de comisión sobre la ley, Alvarez sostuvo que “a lo mejor los compañeros estaban muy ocupados tratando de sacar la Ley FUCO y por eso no le dieron, tal vez, la importancia necesaria a esto en comisiones y por eso lo votaron a favor”, indicó.

Pero, en coincidencia con Fernando Cotillo, Alvarez sostuvo que “la solución para la diputada es que llame a una extraordinaria, que se comunique con la Secretaría de Minería de la Nación para ver si esto se puede hacer y que haga una sesión la semana que viene, y vamos y se lo votamos”.

Aunque advirtió: “Eso sí, la diputada Hernández tiene que garantizar los 40 millones de dólares que le dice a la población que tienen que ingresar a las arcas de la provincia”.

Al tiempo que espetó “también que se haga cargo ante la población de Puerto Deseado si las mineras dejan que se caiga la operación porque alegan la inseguridad jurídica existente, porque le cambian las reglas de juego”.

Para Alvarez, más allá de que se sancione la norma, “no van a ingresar estos 40 millones de dólares a la provincia”, porque no es viable constitucionalmente que esto así sea.

Por otra parte, el diputado Martín Paiva sostuvo que su no acompañamiento no fue por los argumentos de Alvarez, sino que en su caso “fue porque quiero discutir hacia dónde van direccionados los recursos que se obtengan de la ley”.

Ante el hecho de que la demora impedirá tratar de gravar la operatoria de Yamana Gold, Paiva sostuvo que “nosotros estamos trabajando, si es necesario se podría tratar a una sesión extraordinaria, en ese sentido está primero Santa Cruz, están primero los intereses de la provincia”, concluyó.