Después de que el diputado nacional por San Juan y representante de la oposición en San Juan, Mauricio Ibarra, sobre la creación de Agencias Ambientales a nivel nacional para controlar el impacto ambiental en la minería, desde el oficialismo local salieron a contrarrestar la iniciativa. Los argumentos fueron que es inconstitucional y que no se puede quitarle a las provincias el poder de policía para efectuar los controles.Saavedra_12El primero que salió al cruce del proyecto de Ibarra fue el diputado nacional y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara baja en el Congreso Nacional, Daniel Tomas. El legislador dijo que es inviable promover y ejecutar un proyecto de esas características ya que es la provincia la que debe velar en primer lugar sobre el tema ambiental en su jurisdicción.

Otro de los integrantes del gobierno de José Luis Gioja que se expresó en contra de esta iniciativa que ya fue presentada en Diputados de la Nación, fue el secretario de Estado de Minería de San Juan, Felipe Saavedra. El funcionario reconoció no conocer en detalle el proyecto de Ibarra pero compartió su opinión con la de Tomas y argumentó sus dichos diciendo que "El Código de Minería es claro en el sentido que crea un cuerpo que tiene que ver con los controles y fiscalización en los derechos mineros y queda a cargo de las provincias hacer absolutamente todas esas fiscalizaciones en el tema de impacto ambiental".

"Yo creo que darle a la Nación la potestad de estos controles le quita a las provincias el poder, que sin dudas está plasmado en la Constitución porque los recursos naturales son de la provincia", dijo el secretario de Minería, Felipe Saavedra.

Saavedra agregó que en San Juan no hay problemas con los controles y que no entiende el planteo de Ibarra ya que constitucionalmente está establecido que los recursos naturales son potestad de las provincias.

"Hoy los controles están funcionando absolutamente como corresponde. Tenemos creada una subsecretaría de gestión ambiental y Policía Minera y una Dirección de Gestión ambiental que esta integrada por un cuerpo de inspectores, fundamentalmente profesionales que llevan adelante esta función, por lo que los controles son bien específicos y exigentes. Además, creo que darle a la Nación la potestad de estos controles, le quita a las provincias el poder, que sin dudas está plasmado en la Constitución porque los recursos naturales son de la provincia", concluyó Saavedra.