El Ancasti reproduce un artículo publicado por la revista Noticias, firmado por la periodista de Andalgalá Graciela Álvarez que, bajo el título "La otra cara del miedo", apunta contra la desinformación oficial en materia minera, contra la división del pueblo andalgalense y contra la protesta violenta. A partir de aquí, el artículo de Noticias:

"Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que haya sido hecho por el hombre, tiene que ver con la minería: el cemento, la cal, el hierro, los metales en general, los plásticos. Pero también el trigo, el yogurt, la madera, el matambre, el champú, etcétera, porque, antes de estar listos para el consumo, necesitaron el arado, el fertilizante, una herramienta, una máquina, el envase. En fin, todo contiene o fue tratado con algún tipo de producto surgido de la explotación minera.

Así como es lógico evitar que el ser humano malogre su salud, su calidad de vida o su hábitat por razones económicas, no lo es tanto que los habitantes sufran necesidades y miseria por conservar el paisaje. En el caso de la minería, la extracción de recursos naturales no renovables persigue la satisfacción de las necesidades de la población a cambio de un rédito económico. Los beneficios, claro, deberían ser tangibles: inyección rápida de dinero, ocupación de mano de obra y, con políticas adecuadas, la radicación de industrias subsidiarias.

Desde ya, no se trata de librar cheques en blanco. Como ciudadanos debemos exigir que los entes de control hagan cumplir las leyes a rajatabla, como es práctica común en otros países (Canadá y Australia son dos buenos ejemplos a imitar en el manejo de la actividad minera).

Andalgalá es uno de los centros mineros de la Argentina y sus períodos de prosperidad estuvieron ligados al florecimiento de la minería. Desde chica escuché a mis mayores hablar esperanzados del regreso de la actividad minera.

En los años 50, Fabricaciones Militares finalizó sus tareas en Minas Capillitas debido a un recurrente problema técnico: la imposibilidad de separar los minerales de cobre del resto de la roca con la tecnología en uso. El pueblo se desbandó, muchas familias se fueron a otras provincias, las casas se cerraron y el silencio sepultó el bullicio de los mineros en los días de franco. En aquella mina habían llegado a trabajar 1.500 personas, además de todos los proveedores de insumos para ellos y sus familias.

El cierre de Capillitas trajo un letargo del que no se salió hasta 1995, cuando las empresas contratistas de Minera Alumbrera llegaron con sus camionetas y dólares. Entre 1995 a 1998 se vivieron años de opulencia con el afincamiento de Techint y otras empresas de servicios a la Minera Alumbrera. Llegaron a alquilarse viviendas por más de US$ 1.500 por mes; en la confitería Zorba, el inglés era prácticamente el idioma oficial y las camionetas 4 x 4 inundaban las calles de Andalgalá. Al margen de esas curiosidades, hubo trabajo para todos y la población creció a más de 24.000 personas.

Pero la bonanza sólo duró tres años. Los contratistas se retiraron cuando terminaron de prestar sus servicios y la Minera Alumbrera comenzaba sus trabajos en la mina, un lugar de difícil acceso.

Minería y política de Estado

Las regalías mineras que aportó Alumbrera, desde 1998, no se repartieron a los municipios donde se emplazó el proyecto. Salvo el Gobierno central, nadie dispuso de los ingresos correspondientes a esa actividad. Sucesivas peregrinaciones de los andalgalenses dieron sus frutos con la sanción de la Ley de Reparto Secundario de Regalías Mineras, en el año 2005.

Cuando el actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, visitaba Andalgalá –hace mucho que no se hace ver por allá—, la frase con la que comenzaba sus entusiastas discursos era: "La minería es política de Estado".

Nunca dijo cómo haría esto efectivo, como tampoco lo hizo ningún gobierno desde la presidencia de Carlos Menem, en cuya gestión se sancionó la ley. Tampoco hubo nunca –ni desde el Gobierno nacional ni desde el provincial— una política de comunicación. Nadie informó a la población los alcances que podría tener la actividad en el aspecto social, cultural o sobre el medio ambiente. De lo único que se habló fue de los aspectos económicos. La falta de información de los organismos responsables dio lugar a la difusión de datos antojadizos, cifras incomprobables y la explotación del miedo a lo desconocido.

Cuando la minera Agua Rica retomó los trabajos de exploración y de factibilización del proyecto, en el año 2005, tenía que remontar el desengaño que había dejado Alumbrera.

A diferencia de lo que había hecho aquella, la nueva empresa ocupó personal de Andalgalá (ingresaron 120 personas), al tiempo que muchos contratistas reactivaron el comercio en el pueblo. La minera también realizó cursos de capacitación e impulsó programas de desarrollo de pequeñas economías sustentables, que le dieron una mínima inserción social. Pero todo volvió a perderse en marzo del 2009 cuando la empresa dejó de operar. La crisis mundial detuvo la marcha del emprendimiento que estaba a la espera del informe de Impacto Ambiental, el que fue aprobado por las autoridades provinciales en abril del 2009.

Una bronca anunciada

Algunos años atrás, la rotura de un ducto que transporta minerales desde Alumbrera a Tucumán dio pie a las primeras alarmas sobre contaminación in situ.

Los opositores a la explotación minera alzaron su voz y aunque nunca se comprobó que hubiera toxicidad en el concentrado derramado, el tema de la contaminación quedó instalado. El plebiscito de Esquel y el corte de Gualeguaychú enfervorizaron las posiciones de los autoconvocados locales.

Los reclamos se radicalizaron y comenzaron las agresiones. Un cartel colgado de una bicicleta que rezaba "Haga patria – mate a mineros" reflejaba el nivel alcanzado.

A mediados de diciembre del año pasado un grupo de personas se apostó a la vera del camino que inevitablemente tienen que transitar las camionetas de la minera Agua Rica que hacen trabajos de mantenimiento de los obradores, ya que la explotación aún no comenzó.

El 9 de febrero, marcharon alrededor de la plaza principal de Andalgalá más de 3.000 personas bajo la consigna de "Sí a la minería, no a la contaminación". La concentración tuvo gran repercusión local y se desarrolló en paz.

Para equilibrar los tantos, días después llegó el diputado nacional Pino Solanas, quien con gran dominio de la escena montó el espectáculo de la revuelta antes de retornar a su más apacible barrio de Olivos. Con gran sentido de la oportunidad, la jueza que intervenía en el caso del bloqueo de la ruta desde hacía dos meses decidió librar la orden de desalojo en ese momento, justo cuando el legislador-cineasta pisaba tierras andalgalenses. Parecía un guión escrito por el propio Solanas. La policía hizo efectiva la orden judicial, dos días después, en medio de pedradas y corridas.

Los desalojados se reagruparon en la plaza del pueblo y desde allí descargaron su bronca. La municipalidad fue presa del fuego y el vandalismo. Roturas y robos en los negocios de los "turcos", acusados de dar servicios técnicos a la empresa minera. Destrozaron las oficinas de Agua Rica e igual suerte corrió la casa de un funcionario de Farallón Negro, mientras los bomberos eran insultados y apedreados por intentar apagar el fuego.

La intervención de las fuerzas de seguridad para reestablecer la calma fue largamente publicitada en los medios nacionales como la represión a una "pueblada".

Los opositores a la actividad minera han pasado a la acción directa, y van por más. Ahora se apostaron a la entrada de la mina Agua Rica e impiden el ingreso de los trabajadores. Días pasados, un grupo fue sorprendido con mazas y cortafierros dentro del predio de Alumbrera. Adujeron que el candado ya estaba roto, estuvieron en la comisaría unas horas y fueron liberados "atendiendo a una fuerza de interés público", según declaró la fiscal Marta Nieva, quien en declaraciones a Radio Ancasti admitió estar amenazada y presionada (un llamado telefónico le advirtió sobre la suerte de su hija).

Las manifestaciones se hicieron diarias frente al edificio quemado de la municipalidad y el juzgado con la finalidad de escrachar a los funcionarios.

Ahora quedan las pérdidas, las roturas y, lo más triste, la enemistad entre vecinos, amigos y parientes. El resultado del silencio e inoperancia oficial está a la vista.