Berrotarán.- Los abogados defensores de Ricardo Martínez, titular de la minera Fluorita, manifestaron que la causa que en contra de su representado inició un productor “por usurpación de tierras”, lejos está de llegar al juicio, ya que el pedido de elevación ha sido apelado ante los Tribunales de Río Tercero, por entender que existe una serie de nulidades surgidas del proceso.

Gabriel Gramática y Débora Ferrari, abogados representantes de Martínez, señalaron que las manifestaciones del profesional que representa a Aldo Maero (propietario denunciante), diciendo que era inminente el inicio de juicio oral y público, no se ajustan a la realidad por cuanto aún existen pasos judiciales por llevar adelante.

“Es falsa la afirmación realizada cuando se manifiesta que la causa irá a juicio toda vez que lo resuelto por el fiscal está siendo revisado por el juez de Control y aún restan diversas instancias recursivas que deberán revisar dicha resolución y deberán determinar a cuál de las partes asiste razón y si el procedimiento observado para elevar la causa a juicio ha sido regular o no, tal como hoy esta parte lo ha cuestionado, atento haberse advertido una serie de irregularidades que han afectado los intereses del imputado y la legalidad del proceso”, señalan los abogados del titular de la firma Fluorita.

Al tiempo que aclaran que en cuanto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en ésta se revocó parcialmente el dictado del sobreseimiento a favor de Martínez considerando que, en lo referido al delito de usurpación, una parte del hecho se encuentra prescripta y otra parte no, debiendo continuarse la investigación, y respeto del robo de minerales, el TSJ confirmó el sobreseimiento dispuesto por el juez de Control y la Cámara Criminal de Villa María.

Sobre este último punto, el abogado del denunciante, Omar Sarich, había manifestado que se iba a reclamar una indemnización por los minerales extraídos del lugar. A lo que los abogados de Martínez respondieron que “la supuesta deuda que alega Sarich por la extracción de minerales también es inexistente, atento que ya el propio Tribunal Superior de Justicia respaldó a los demás jueces que resolvieron expresando que dicha conducta de extracción de minerales no es típica y por ende no configura delito”.

“El caso del robo de minerales solicitando una cifra millonaria no fue elevado a juicio y fue desestimado en 3 oportunidades y también en la elevación al TSJ, por lo que ya está cerrado debido a que todos coincidieron en que carecía de fundamento, proporciones y Maero no era propietario de ese terreno y ese mineral”, puntualizaron desde la empresa.

Venta controvertida

Según lo denunciado por Maero en 2006, él vendió 6 hectáreas a la minera, pero ésta se habría extendido más allá de estos límites ingresando a tierras de su propiedad

En tanto, la parte demandada desmiente tal acción, agregando además que al momento de comprar las tierras se vieron en dificultades para hacerse de la documentación como propietarios. “Luego de que se comenzara a pagar según lo acordado, el vendedor se negó a entregar los papeles del campo y la empresa se vio obligada a comenzar un juicio de consignación de los pagos restantes. El juez en aquel momento dio lugar a la compra de la empresa, pero de eso resultó que el supuesto propietario no tenía documentación alguna para proceder a la venta del campo”, precisaron los propietarios de la firma minera.

A partir de aquel momento, según relatan, la empresa ocupó el predio en las tareas mineras luego de pagar judicialmente el monto total acordado. “Maero no apareció nunca más por el predio, aunque es vecino del mismo ya que un campo de explotación agropecuaria de más de 200 hectáreas lindante con la cantera sí es de su propiedad”.

Catorce años después, en 2008, toman conocimiento de esta denuncia hecha por Maero y representado por el abogado Sarich. Sobre este profesional señalan que años atrás había sido funcionario público de la Secretaría de Minería de la Provincia y fue quien en varias oportunidades avaló y firmó resoluciones relativas a la explotación minera de la firma en dicha cantera.

A partir de ese momento, comienza toda la compulsa legal que llega hasta ahora, donde según la parte demandante es inminente el juicio oral y público; mientras que la defensa de Martínez asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por lo tanto, la misma no se encuentra firme, sino que está por ser revisada por una instancia superior.

Agregan que es lejana la etapa de llegar al juicio propiamente dicho, ya que los jueces intervinientes deben revisar muchos aspectos para determinar a quién le asiste la razón.

Irregularidades procesales

La expectativa jurídica de los abogados del empresario minero es que dicha causa jamás podría arribar a un juicio, “no sólo por las gravísimas irregularidades procesales en las que se apoya la reciente y sorprendente elevación a juicio del fiscal (el mismo fiscal que tiempo antes, y con la misma prueba, había ordenado el sobreseimiento de Martínez), sino lisa y llanamente porque la prueba objetiva existente en el expediente es contundente respecto de la inexistencia de delito alguno”.

Por último, se señala que los argumentos presentados por el abogado de Maero para encuadrar el hecho en una usurpación de tierras “carecen de fundamento siendo que en el Censo Rural que se practicó en el año 1995/1997 en todos los campos de la provincia de Córdoba consta que la firma (minera) es poseedora en ese momento de la totalidad del predio de 17 hectáreas, lo cual demuestra que en el 2008, cuando la sociedad de Maero y Sarich intenta fraguar la desposesión, ya hacía más de 10 años que no tenían presencia en dicho campo”, concluyen los empresarios