El debate minero puso en escena un tema central: el desarrollo social y económico. ¿Cómo impulsar la creación de fuentes de trabajo bajo un esquema impositivo centralista?, ¿Cómo romper la concurrencia en una misma persona de dos conceptos esencialmente contradictorios: trabajador/pobre? Dos informes nacionales brindan elementos para abordar el debate con nuevos parámetros.
Más allá de lo interesado de su postura, sus palabras reflejan la necesidad de repensar la cuestión del atraso y la dependencia, donde definir sus causas aparece como un tema crucial. En este sentido, el gobernador Beder Herrera lo viene señalando insistentemente: Recuperar el federalismo, es el camino para romper con el Centralismo que nos ha mantenido en el atraso por casi 200 años.
La minería es uno de los caminos propuestos para recuperar la independencia económica de la provincia. Tal vez no el único. Y más allá de las posturas a favor o en contra de esa actividad, lo auspicioso es que tras décadas de inacción el desarrollo provincial parece ser nuevamente un tema en la agenda de la comunidad.
En este sentido, la reciente inclusión de La Rioja en el NOA, es el paso más trascendente de los últimos años en pos de recuperar la soberanía política, realizado por las provincias más castigadas por el Centralismo.
Por eso, Alberto Paredes Urquiza no yerra al definir como el gran combate generacional crear las condiciones necesarias para construir el Federalismo del S XXI.
En este marco, dos informes nacionales brindan elementos para profundizar el debate sobre el desarrollo en la región.
$5500 al mes para no ser pobre
Para no ser pobre en la Argentina, una pareja con dos hijos pequeños debía ganar, en noviembre del año pasado y según datos extraoficiales, por lo menos $ 5502, un 297,2% más de lo que informó el Gobierno.
El cálculo fue elaborado por técnicos que fueron desplazados del Indec y que actualmente están enrolados en ATE, el gremio opositor a la intervención oficial.
Los técnicos indicaron además que una canasta alimentaria mínima rondaba hace dos meses los $ 1754. El mismo cálculo hecho por el instituto dirigido por directivos cercanos al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estimó que esa canasta, que demarca el nivel de indigencia, fue de $ 627.
El debate no es menor. Generalmente se construye una idea de pobreza basada estrictamente en la necesidad de sobrevivir, ocultando el derecho a vivir dignamente.
El ejemplo concreto es el Salario, Mínimo, Vital y Móvil fijado por el Consejo del Salario Mínimo –conformado por entidades empresarias, sindicales y el ministerio de Trabajo. En agosto del 2011, fue fijado en $2300 pesos mensuales y rige a unos 300 mil trabajadores que no están comprendidos en ningún convenio laboral.
Los convenios colectivos de trabajo de algunas ramas de actividades fijan salarios mínimos por encima de estas cifras, casi 1.700.000 trabajadores estarían en esta condición.
Pero aún quedan los trabajadores “en negro”, unos 2 millones de personas que cobran muchas veces por debajo del salario, mínimo, vital y móvil. La mayoría asentados en el norte argentino.
Con lo cual nos encontramos con el hecho de que el trabajo como salida de la pobreza no se da. En tanto, confluyen en estas personas dos categorías que deberían ser mutuamente excluyentes: pobreza y trabajo.
Crece la Presión Fiscal
El primero es un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), un centro de estudios especializado en cuentas públicas. El mismo da cuenta que la presión impositiva del Gobierno Central ya afecta casi el 50% de los ingresos anuales de personas y empresas.
La “presión tributaria legal”, aquella que surge de sumar los impuestos que una firma o individuo que no evade debe pagar para cumplir con el fisco, ya ronda el 50%: está entre 48 y 52%.
Según la estimación de los economistas del IARAF, el peso mayor se dio en los ingresos más altos, con lo cual la estructura resultó levemente progresiva. Pero no manifiesta diferencias regionales en la incidencia que tiene sobre los ingresos.
Es decir, entre el 40 y el 50 por ciento de los ingresos familiares de todo el país van al Puerto desde donde son redistribuidos, en forma discrecional por los funcionarios de turno. Tan solo basta mirar los subsidios al consumo eléctrico y de gas en la provincia de Buenos Aires para notar la inequitativa estructura de redistribución de estos dineros.
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