Denuncian la complicidad social local con la última dictadura militar
Los profesores César Manuel Román y Roque Edmundo Minatta, fueron dos de los adolescentes que en 1976 en carne propia pagaron y probaron, como precio de su militancia, lo más áspero de la represión militar. En diálogo con La Prensa Federal recuerdan los días previos y posteriores a sus detenciones; denuncian la complicidad de civiles uruguayenses en el golpe; y principalmente recuerdan los abusos de Massaferri.
Lo que pasó
Román empieza el diálogo, “teníamos caracterizado que el golpe de Estado era bastante parecido al de Onganía en 1966, y que era débil como el gobierno de María Estela de Perón, por lo tanto había que esperar la organización de la clase trabajadora. Nosotros teníamos que reorganizar los centros de estudiantes. Queríamos hacer un volante, como no podíamos agruparnos bien para hacerlo porque ya éramos casi clandestinos, quedó todo para después de las vacaciones. Se ve que estaban (los militares) bastante bien informados porque en pocas horas, chuparon a doce personas. Debíamos haber sido más prudentes, pero teníamos entre 17 y 18 años, pero hoy hacemos una reivindicación ética-política, enfrentábamos a una dictadura militar”.
Después se detiene a recordar la parte del encierro y el trato que les dieron: “Me tocan cuatro días de tortura, lo mismo a Romero y Changui Rodríguez. Estábamos en el Casino de la Federal. Primero hacían una tortura psicológica a la tarde y noche. Al mismo tiempo en la planta alta estaban torturando a los compañeros más experimentados como Martínez Paiva, Valente y Morend, con picana eléctrica y simulacro de fusilamiento. Me desgarraron un testículo en las sesiones. Mientras la policía seguía funcionando con normalidad, de 7 a 13 atendían a la gente, donde hacían los trámites comunes y corrientes, a nosotros nos tenían mirando una pared y no nos dejaban dormir. Cuando no había gente se transformaba en un centro clandestino de detención”.
“Después que nos largan y nos dicen que estaremos con libertad vigilada y que no nos hagamos los locos. A Minatta los padres lo mandan a Rosario pese a que acá no le querían entregar el título secundario, recién se lo dieron en 1978, hasta allí no pudo ingresar a la facultad. Yo fui a Santa Fe y después a Misiones, nos terminamos transformando en errantes. A mi me habían secuestrado en un Dodge 1500 negro, me llevaron de mi casa en 8 de junio 216. Dos años después, en los festejos por el Mundial en la plaza, frente a la Policía estaba ese auto con dos torturadores guiando la multitud” recordó Román.
Masaferro el déspota
Según los docentes Massaferri se hacía llamar Masaferro, “cuando llegó a nuestra ciudad tendría entre 25 y 28 años, solía vestir campera negra, vaquero, barbado. Iba a los quilombos donde golpeaba a los dueños, usaba los ‘servicos’ gratis; iba a Búfalo y si le gustaba una mina, hacía golpear al novio y violaba la chica, hay dos profesoras que no quieren declarar por los hijos, hoy tendrán 59 años y no quieren ni aparecer. Fue a una conocida mueblería y se llevó cocina, muebles y nunca pagó, sacaba fiado y nunca pagaba. Nosotros nos juntábamos a bailar o tomar algo en Mon Cheri, donde ahora está Seguros Victoria, y ahí aparecía él con la patota a cada rato. Era un enfermo. Lo descubrimos de nuevo porque se volcó una camioneta con drogas que venía de Bolivia a Salta y era una camioneta de la Federal, el juez Federal Abel Cornejo los mete en cana, este era superintendente de la Policía Federal a nivel nacional, viajó y amenazó con un arma al juez para que los deje libre, ya andaba en el narco. Como subsecretario de Derechos Humanos le pido a Presidencia de la Nación que lo retire, lo dieron de baja y desde entonces anda prófugo”, remarcó Minatta.
La complicidad necesaria
Es sabido que ninguna acción de gobierno, del tipo que sea, no puede llevarse a cabo si no cuenta con el aval de determinados sectores sociales: algunos por ingenuidad, otros por complicidad. En Concepción del Uruguay no fueron pocos los que “levantaron copas” por el derrocamiento del gobierno de Isabel Martínez de Perón.
“Nosotros recibimos hostigamiento de civiles, profesores, directores de escuelas, que no son imputables en la justicia pero si desde el punto de vista moral” coinciden.
Fue Minatta el que apuntó los cañones, “mientras en el Rotary Club se reunían para designar el nuevo Intendente que estaba entre Celomar Argachá o Eduardo Giqueaux, el teniente coronel Raúl Federico Schirmer (otro de los imputados que falleció en el 2009) iba a las reuniones del Club Social y ahí se designaban los cargos políticos de la dictadura, quien era el director departamental de escuelas, si seguía Félix Omar Carulla de Rector del Colegio, al cual finalmente decidieron jubilarlo, y quedó Miguel Ángel el ñato Gregory, que era más represor y él fue el lo que los denunció a los del Colegio. De rector de la escuela Normal quedó Harry Adolfo Calle, era de derecha, llegó hasta secretario de Educación de la Provincia. Estaba chocho con el golpe. Lo primero que hizo fue prohibirnos los centros de estudiantes, encima nos enteramos que el medio boleto estudiantil no iba más, por eso hicimos panfletos. Nos aguantaron hasta julio y nos mandaron adentro. Queremos reivindicar a la profesora Ethel Bekenstein, a quien fueron apretar a su domicilio y le quitaron la cátedra en la escuela”.
Responsabilidades políticas
Este diario los consultó si no reprocharon a las autoridades partidarias o “jefes políticos” en aquel entonces por no advertirles de la gravedad de lo que se venía con la dictadura.
Minatta aseguró que: “En Concepción del Uruguay yo mantenía relación directa con Gogo Nery (quien falleció en un accidente de tránsito en la década del ´80), a quien metieron preso dos meses. Él me dijo ‘ para la mano, dejá de hacer política, los milicos están dando con todo, esto no es joda´. El viejo (Carlos María)Scelzi, el Intendente depuesto, muy amigo de mi vieja, la llamó por teléfono para decirle que me estaba siguiendo la cana y que la corte. Los muchachos de la Juventud Peronista también lo sugirieron, nosotros resolvimos seguir .E n una ciudad chica como esta, con poca información, no teníamos la menor idea de que estaban chupando gente”.
El objetivo
Por último reiteran “esto se trata de un delito de lesa humanidad, y eso se entiende por cualquiera de los actos que se cometiera como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, de esto los acusará el fiscal, sino sería sólo un apremio ilegal. Tenemos expectativas de que desemboca en una condena perpetua a Albano Harguindeguy y sus muchachos”, desean, la Justicia tendrá la última palabra.


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