El 21 de marzo de este año, la Comisión de Legislación General dio antedespacho al marco legal del control ambiental de pozos inactivos. Un proyecto de ley del diputado Rubén Contreras, que crea el marco normativo para el Control Ambiental de Pozos Inactivos en la actividad hidrocarburífera de la provincia de Santa Cruz. El mismo, una vez sancionado, deberá ser cumplimentado por los permisionarios de exploración y/o concesionarios de explotación que operen en la actualidad o en el futuro dentro del territorio provincial.

Al momento del tratamiento en Legislación General, a principios de este año, el proyecto ya contaba, desde hacía más de un año, con el despacho respectivo de la Comisión de Recursos Naturales, pero no había terminado de girar por todas las comisiones respectivas, para lograr, así, llegar al recinto para su tratamiento. De Legislación, la iniciativa pasó a Presupuesto y Hacienda para terminar su gira y lograr despacho definitivo y así llegar al plenario de diputados para su aprobación. Aún no lo logró, pese al tiempo transcurrido.

Presentado en el año 2010, recién en marzo del 2011 logró el primer tratamiento en comisiones y su autor, el diputado Rubén Contreras, confiaba según declaraciones suyas publicadas por La Opinión Austral, que su proyecto sería rápidamente tratado, pero otras cuestiones se interpusieron, como el paro petrolero del 2011 y un año electoral por medio, y la ley finalmente no se trató. En marzo, cuando se logró el segundo antedespacho, se vivía el proceso de caducidad de las áreas a YPF, vendría luego la expropiación de la operadora por parte del Estado nacional. También las diferencias políticas en el seno del bloque, y el proyecto otra vez fue postergado.

Ya en 2011, el diputado de Caleta Olivia señaló la preocupación por la situación de pozos en estado de abandono, que están inactivos “por más de 40 años”. Como objetivo, la norma plantea el crear un marco normativo para el control ambiental de los pozos inactivos en todo lo que hace a la actividad hidrocarburífera. “El pedido es claro, que las empresas se hagan cargo de los pozos inactivos que se encuentran en los distintos yacimientos, y aquellos que no van a ser puestos en actividad, los cierren definitivamente”.

Sobre las tareas a realizar, señaló: “van a tener que intervenir el pozo y cambiar las cañerías ya que datan de muchos años atrás y, no todos, pero algunos, deben tener roturas. Si esto es así, se producen contaminaciones en las distintas capas del suelo”, marcando además otro de los beneficios que contiene el proyecto, ya que permitiría un medio ambiente más saludable.

Fuerte recaudación

Ya en aquel momento la discusión por la necesidad de dinero “fresco” estaba en boga, aunque no tan urgente como en la actualidad. Contreras aseguró, sobre su iniciativa, que una vez aprobada, habría un gran beneficio para la provincia, ya que se establece un canon que deberán pagar las operadoras, por cada pozo inactivo, “son ingresos que tendrá la provincia, además de demandar mano de obra”.

Sostuvo que una vez aprobada la norma comienza a regir el canon. “Esto significa dinero para la provincia y también es trabajo para la gente, porque a partir que se sancione este proyecto de ley las operadoras van a tener que comenzar a tapar los pozos que no están activos”, recordando que hay “algunos que se encuentran abiertos desde 1960 aproximadamente”.

Remarcó “de acuerdo a las expectativas nuestras, estos impuestos pueden significar entre 18 y 20 millones de pesos de ingreso mensual a la provincia, o sea entre 230 y 240 millones de pesos anuales”.

Contreras señaló que los pozos inactivos son los que “revisten mayor riesgo ambiental, más que los abandonados”, cuya gravedad depende de la antigüedad, la integridad de las cañerías, la existencia o no de aislación de los acuíferos de interés.

La norma impulsada por Contreras se fundamenta en los trabajos que se vienen desarrollando en materia de control ambiental de la actividad hidrocarburífera por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente y en especial en “el control de los pozos inyectores, sumideros y los pozos productores a convertir a inyectores”, donde “se detectaron diversas anomalías asociadas, tanto a la integridad de casing, como a la falta de aislamiento para la protección de los acuíferos”.

“La idea general es crear un marco regulatorio integral para el control de los pozos inactivos, porque permitiría generar más ingresos fiscales a la provincia, aunque en realidad el objetivo principal es buscar la reactivación de los pozos que se puedan, lo que generaría más trabajo de equipo y más contratación de mano de obra. Incluso si la operadora decide abandonar definitivamente el pozo, esto implicaría otra inversión y más contratos”, señaló el legislador.

En la búsqueda de “alternativas” al empréstito que plantea el Gobierno provincial, los diputados, en sus visitas a las localidades, de las que participa el diputado Rubén Contreras, nada han dicho sobre este proyecto.

Déficit

Cabe aclarar que la reforma fiscal enviada por el Poder Ejecutivo provincial, que esta semana debería ser abordada en comisiones por parte de los diputados, implicaría entre 350 y 400 millones de pesos al año. Este dinero, que básicamente se recaudaría por el juego y por la actividad minera, el Gobierno en su elevación, aseguró que estaría destinado, mayoritariamente, a cubrir el déficit provincial.

Por lo que si se le suma lo que generaría la iniciativa de Contreras, se podrían totalizar entre 600 y 650 millones de pesos “frescos” que oxigenarían el Presupuesto provincial y cubrirían más del 60% del déficit previsional para el corriente año.