En su artículo 5to, fija en 25.927 los cargos de planta permanente en el Estado provincial y 3.077 los contratados y transitorios.

Se establecen las autorizaciones necesarias para modificar partidas de acuerdo a la necesidad del Estado, las que deberán ser informadas a la Cámara de Diputados en un plazo no mayor a los 10 días hábiles.

Incluye, también, la autorización al Poder Ejecutivo para “gestionar las negociaciones pertinentes para la realización de crédito público a los fines de reestructurar la deuda pública y/o cancelar la deuda del Tesoro, así como obtener asistencia financiera de entidades nacionales y/o extranjeras, bursátiles, fideicomisos y compañías de leasing. Dicho financiamiento se efectuará a través de préstamos, comercialización de certificaciones, emisión de títulos públicos provinciales y/o papeles de deuda”.

Y a efectos de garantizar las operaciones de crédito público enunciadas, se faculta al Poder Ejecutivo “a proponer la afectación en garantía o cesión en pago los fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por Ley Nº 25.570, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo Nación Provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos o el régimen que lo sustituya y/o reemplace en el futuro; los recursos presupuestarios o extrapresupuestarios, regalías petroleras, mineras y/o recursos obtenidos de la explotación de bienes y recursos de dominio público provincial o instrumentando la cesión fiduciaria de recursos propios”.

También se autoriza la gestión para el financiamiento de las represas hidroeléctricas y se determina la libre disponibilidad de las sumas no utilizadas al 31 de diciembre del 2011, como Fondo de Pesca, fondo de Desarrollo Industrial, etc.

Se crea el “Programa de Reordenamiento Municipal, a los fines de efectivizar la asistencia y los programas” previstos en el Presupuesto con los Municipios, a través de la firma de un convenio que establece obligaciones mensuales y bimestrales sobre las finanzas municipales y un programa mensual de responsabilidad fiscal y obliga a las comunas al congelamiento de vacantes.