En otro escenario, la solución para fondear la empresa quebrada hubiese resultado más simple, pero la solución a los 10 millones que harán falta durante los próximos dos meses –y que desató la furia con el Frente Cívico– se complica. Es que Obras Sanitarias sigue siendo una empresa privada y el Estado no puede reasignar fondos a una composición societaria no estatal. Así ayer en el Ejecutivo diseñaban una estrategia que pudiera gambetear las leyes de Presupuesto y, entre las posibilidades, la que más fuerza cobró es la de ejecutar un préstamo o un adelanto que luego deberá ser reintegrado con la recaudación de los próximos dos meses de la empresa, a través de la facturación del servicio. El escollo con el que se encontró Jaque ayer fue que la empresa, a pesar de estar intervenida desde hace meses, sigue siendo privada. Por eso no se le puede dar un subsidio, pues estos son para entidades sin fines de lucro, pero tampoco una reasignación de partidas no ejecutadas de otro ministerio, hasta tanto se reestatice la firma.

Los 10 millones que podrían utilizarse corresponden a Tesorería y, como son reintegrables y a modo de préstamo, no se necesitará ratificación legislativa. El malestar era generalizado ayer en la Casa de Gobierno, en especial con los legisladores del Frente Cívico, porque rompieron toda posibilidad de acuerdo político. Un alto funcionario expresaba: “Es como que nos dieron un vehículo pero sin nafta”. EL

RECHAZO. Quienes desataron todo su malestar y dejaron trascender que se tomarán medidas drásticas fueron el propio gobernador Celso Jaque y el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán. El primero ratificó que la empresa no volverá a manos de los privados y aseguró que tomará todas las medidas que tiene que tomar para garantizar el servicio. No quiso adelantar ni uno de los detalles que por esas horas se cocinaban en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Jaque habló del tema durante la mañana, mientras participaba en la celebración de los 200 años de la Policía, en Maipú. El gobernador bajó el tono a las críticas a la oposición pero sostuvo que el costo político de intervenir la empresa fue alto y deberían haberlo hecho los gobiernos anteriores. Incluso, demostró la herida abierta, recordando que, cuando recién asumió, la Legislatura le negó una imputación preventiva (dinero que no fue gastado del Presupuesto durante el 2007) que deberían haber sellado los cobistas antes de irse. “A partir de ese momento, que votaron en contra, me di cuenta de que iba a suceder lo que sucede, que no íbamos a recibir el apoyo necesario para tratar los temas de los mendocinos”, recordó. Quien también fue duro con la oposición fue Cazabán, que dijo que, “evidentemente, hay sectores políticos de la oposición a los que poco les importa la posibilidad de la empresa y que sectores importantes se queden sin agua ni cloacas”.

Con respecto a las medidas que se tomarán, Cazabán dijo que se trabajará intensamente. En diálogo con Elevediez, el funcionario remarcó que la gente debe saber que el proceso es “irreversible” y que se tomarán medidas políticas y legales, además de confirmar a Gonzalo Dávila al frente de la intervención de la empresa, a pesar del reclamo de la oposición.