La indefinición del Gobierno sobre la situación de EDECAT le sigue generando un enorme perjuicio económico al erario por la millonaria asistencia que tuvo que dar a la empresa para que mantenga el servicio desde la intervención de octubre de 2008, a pesar de que un consultor que contrató le recomendó específicamente que "extinga" el contrato de concesión. Ahora, ese perjuicio podría ser aún mayor por el resarcimiento, también millonario, que correspondería a los anteriores propietarios si es que la Justicia confirma la irregular intervención estatal de la firma.

Según reconoció el año pasado el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña, EDECAT le costaba a la Provincia unos 2 millones de pesos por mes. Esto significa que desde la intervención, la asistencia superaría los 60 millones de pesos.

En noviembre de 2009, durante una reunión de la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones, Ismael Mata, el principal consultor contratado por el Gobierno para revisar la situación de EDECAT, aconsejó rescindir el contrato de privatización ya que consideraba que el vínculo contractual entre la empresa y el Estado provincial "no tenía futuro". Delante de los legisladores y de los propios funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, el asesor recomendó a la Provincia crear una "nueva unidad de gestión", propia, del servicio de distribución de energía, como paso previo para diseñar un plan de inversión y recuperación de la prestación, en crisis desde hace años.

El Gobierno desoyó el consejo del experto. No solamente mantuvo la intervención estatal de la firma y, por tanto, vigente el contrato, sino que evitó llamar a licitación pública para la venta del 51% de las acciones de la empresa (la garantía dada por EDECAT), como lo disponía el decreto con el que el gobernador Eduardo Brizuela del Moral tomó el control de la privatizada. Los asesores legales decidieron judicializar todo el proceso y ejecutar por esta vía la garantía prendaria, lo que fue considerado un error en un reciente fallo judicial.

A fines de mayo, la jueza Cecilia Delgado, subrogante en el Juzgado Comercial y de Ejecuciones de Primera Nominación, rechazó el procedimiento adoptado por el Estado, al entender que la vía contemplada en el contrato para la ejecución de la garantía era administrativa y, por tanto, debería haber convocado, dentro de los 120 días posteriores al decreto de intervención, el llamado a licitación para las ventas de las acciones. Este fallo fue objetado por los abogados del Estado, quienes señalaron que insistirán con la estrategia judicial.

Las asistencias a la firma

Desde antes que el Gobierno decidiera intervenir a EDECAT, la empresa viene recibiendo asistencia para sostener un servicio que iba en picada por la falta de inversión y la desatención de la red. Esta situación se acentuó durante la gestión estatal que tomó el control de la firma en octubre de 2008.

El principal apoyo financiero del Estado fue para que la privatizada pague las cuentas con la mayorista del mercado eléctrico, CAMMESA, en razón de la alta deuda acumulada. Hacia febrero del año pasado, esta asistencia había llegado a los 33 millones de pesos, tomados del fideicomiso de la deuda pública de energía y por aportes especiales decretados por el gobernador Eduardo Brizuela del Moral.

Además, la Provincia atendió otras necesidades de la empresa -que en teoría es privada- como la ejecución de obras y el apoyo con equipos de generación con los que evitó el colapso del servicio en momentos de alta demanda.

Una decisión polémica

 En octubre de 2008, y tras una crisis inédita del servicio, que puso al borde del colapso la prestación por un conflicto gremial, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral decidió intervenir EDECAT.

 Como primera medida desplazó al directorio privado, nombró cuatro directores estatales y judicializó el proceso de ejecución de la garantía.

 Desde ese momento, autorizó importantes montos para sostener el servicio. Uno de esos pagos fue de 30 millones de pesos para que la empresa cancele facturas a su proveedora de energía.

 A pesar de ser una empresa supuestamente privada, la Provincia también auxilió a EDECAT con obras y la contratación de generadores de apoyo.

 La Provincia nunca resolvió la cuestión de fondo y ahora podría enfrentar un millonario resarcimiento a los anteriores propietarios, si se confirma que el proceso seguido en la intervención no fue correcto.