Una deuda fiscal que tiene su origen durante la crisis del 2001 y que asciende a más 100 millones de pesos, complicará el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de Salta, al reducir considerablemente el dinero destinado para tal fin.
Esa situación se mantuvo durante hasta la actualidad, en los cuales, bajo anuencia implícita de AFIP y del Ministerio de Educación, que estaban al tanto de esta maniobra impositiva, se fue acumulando millonarias deudas que involucraron a la mayoría de las Universidades públicas del país.
En el caso de la UNSA, la deuda de capital suma alrededor de 35 millones de pesos, que sumados intereses y reajustes este monto asciende a alrededor de 100 millones.
Inesperadamente, a fines del 2010, el gobierno sacó el decreto 1571, en el que obligaba a las instituciones educativas a ingresar a un plan de pago a veinte años para saldar las deudas generadas por no pagar ese 6 % durante 9 años.
Para eso, dicho decreto determina una reducción del pago en forma directa de los aportes de las universidades, que en vez del 18 % habitual, serán del 10,17 %, mientras que el restante 7, 83%, seguirá figurando en el presupuesto oficial pero será retenido por el Estado y destinado al pago de las cuotas de la deuda.
Víctor Claros remarcó que "esto afectará al ya de por si bajo presupuesto con el que contamos, porque se pierde ese fondo del 6 % que teníamos para destinar al funcionamiento y que el último año estuvo cerca de 8 millones."
La dos primeras cuotas se deberán pagar noviembre y diciembre, lo que significará una erogación de 1,1 millones, que hubieran entrado al fondo antes mencionado."Técnicamente es plata que sale de un bolsillo del Estado para entrar en otro, en este caso del Ministerio de Educación a Afip, a pesar de que esto ya está en vigencia yo voy a seguir pidiendo que se condone la deuda, sería lo más lógico, considerando que se habla siempre de fondos estatales", explicó Claros
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