Con todo, los contactos políticos entre la -denostada por el radicalismo- Comisión de Toma y Posesión y las altas esferas provinciales continuaron su curso, y desde el Instituto Provincial de la Vivienda no descartan que la semana entrante arriben funcionarios a Tandil.
Pero continúa difuso el rol que jugarán Gustavo Bravo, Juan Olano y Maestrojuan en esa mesa de la que no quieren correrse, pese a que el Ejecutivo los echó de antemano, pues con los "agitadores políticos" del kirchnerismo -así los definen-, no están dispuestos a sentarse.
Bravo, consultado por esta posible instancia de conversaciones, anticipó a este matutino que pretende participar porque además de encabezar la comisión de Toma, "soy del barrio y estoy ocupando un terreno".
En este marco donde se pone en tela de juicio la representatividad de los actores políticos de la ocupación, se desconoce en qué términos podría destrabarse la tensión.
Asimismo, Maestrojuan confirmó que el diputado nacional por "Nuevo Encuentro", Ariel Basteiro, visitará nuestra ciudad la semana próxima, para solidarizarse con las medidas de acción directa que llevan adelante las familias intimadas al desalojo.
Se trata del dirigente nacional que en AM 1560 responsabilizó del problema, completamente, al intendente Lunghi, al que acusó de tener connivencias con el Poder Judicial y apurar el desplazamiento de personas en situación de extrema carencia, en vez de resolver la cuestión de fondo: el déficit habitacional.
Asimismo, a través de la recolección de 150 firmas, la Comisión de Toma y Posesión envió una solicitada a los medios de prensa y autoridades de la comuna, donde convocan al "diálogo" en el marco del diferendo en La Movediza, movida que también contó con la anuencia de diversas organizaciones políticas, sociales y religiosas.
"Solicitamos un gesto de grandeza al intendente Lunghi para solucionar el conflicto", indicó la nota.
Por otro lado, resaltaron los militantes y vecinos la necesidad de "buscar el consenso mediante el diálogo".
Del mismo modo, en el escrito exigen la "no judicialización" del conflicto y "el cese de las intimidaciones" del municipio.

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