No será en la sala lírica del Teatro Argentino de La Plata, donde hace un año el cántico resonaba mientras Cristina Kirchner presentaba el prototipo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino frente al Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia, casi al mismo tiempo que Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, presente la apelación al fallo de la Cámara Federal de Mendoza que confirmó la suspensión de la vigencia de la nueva norma que desmembraría a los principales grupos de medios de la Argentina.

Las agrupaciones de la "Coalición por una radiodifusión democrática", que apoyaron cada acto gubernamental en favor de la sanción de la Ley de Medios, convocaron para el martes 6 a reunirse frente al Congreso para luego marchar a Plaza Lavalle y pedirle a la Corte la "plena vigencia y efectiva aplicación de la Ley 26.522".

Aunque entre los funcionarios del área mediática del Gobierno se cree que el tejido que une a las organizaciones que apoyaron el trámite legislativo se mantiene intacto, algunos de sus líderes plantean dudas. Ocurre que en el reparto de cargos en las nuevas entidades que creaba la Ley, como el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, o Radio y Televisión Argentina (RTA), que concentra la administración de los medios públicos, dejó a algunos de los "referentes sociales" fuera de asientos de los que se creían merecedores. Pasó con parte de las agrupaciones evangelistas que no encontraron espacio en el Consejo y con algunos representantes del sector académico, ofuscados porque las negociaciones se cerraron entre dos universidades regidas en línea con el Gobierno nacional. "Aunque siguen apoyando la aplicación de la Ley, no lo hacen con el mismo entusiasmo", coincidieron fuentes de diversos sectores.

Entre los organizadores existe otro temor. Creen que el fallo de la Cámara mendocina resultó sorpresivamente adverso porque algunas agrupaciones "se pasaron de rosca" con los actos contra los jueces. Temen que con la Corte se logre el mismo efecto.

Por otra parte, Gabriel Mariotto sufre una crisis de identidad. Está esperando un dictamen del Procurador General de Gobierno para saber si su cargo es el de presidente de la autoridad de aplicación de una ley que no puede aplicarse mientras se mantenga la suspensión, o volverá a ser interventor del Comfer, el organismo que aplicaba la vieja Ley de Radiodifusión.