"Cuando asumimos la gestión nos encontramos con que existían en proceso de ejecución una gran cantidad de sentencias contravencionales y algunas por tributos municipales, que no estaban cargadas en la base de datos de la dirección de Asuntos Jurídicos ni de la secretaría de Legal y Técnica. Esto se había hecho por un convenio con algunos estudios jurídicos, pero no quedó ningún registro, no se encontraron los convenios ni las rendición de fondos por parte de los estudios de abogados", explicó Lilian Zambrano, directora de Asuntos Jurídicos del municipio.

Frente a esta situación el secretario de Gobierno, Marcelo Inaudi ordenó realizar una auditoria para detectar los estudios jurídicos que, fuera de convenio, iniciaron las causas judiciales y cuál fue el destino final de los fondos que deberían haber ingresado al municipio por el recupero de las deudas.

"Aun no tenemos datos precisos porque estamos en proceso de investigación, pero al menos son dos o tres los estudios jurídicos, con los cuales se habría firmado un convenio que no aparece por ningún lado", agregó Inaudi. Zambrano aseguró que hasta el momento existen unas cuatro mil causas judiciales iniciadas por estos estudios.

El secretario de Gobierno informó que, en ocasiones, era un abogado que trabajaba en relación de dependencia en la dirección de Asuntos Jurídicos del municipio el firmante de la demanda. Acompañaba copia de un poder otorgado en 1994 por la entonces intendenta Derlis Kloosterman, y presuntamente cobraba honorarios además de su sueldo. Inaudi no quiso confirmar si es uno de los investigados, sólo indicó que ya no pertenece a la planta municipal.

Las irregularidades generaron que muchos contribuyentes se quejaran en el municipio porque recibieron en sus domicilios las intimaciones judiciales, en las que se los citaba en un estudio jurídico externo al municipio para regularizar su situación.

"Existen incluso algunos expedientes que fueron pasando de un estudio jurídico a otro o de un abogado a otro, con distintas regulaciones y se formó una gran bola. La gente ha protestado muchísimo porque han tenido que peregrinar de un estudio a otro", comentó Zambrano.

El secretario de Gobierno confirmó que con las causas iniciadas con anterioridad al 10 de diciembre del año pasado, "no podemos hacer nada porque corremos el riesgo de que los abogados ejecuten los honorarios regulados a la propia municipalidad. La auditoria determinará qué fue lo que pasó y después el tribunal de Cuentas de la provincia los esperará a la salida".

Desde diciembre del pasado, el equipo de abogados del municipio es quien se encarga de las intimaciones y el recupero de las deudas municipales. "Los deudores deben presentarse sólo en el municipio para regularizar su situación. Hemos notificado a los estudios jurídicos que no se hacen más pagos extrajudiciales", agregó la funcionaria.

Este diario informó en setiembre de 1998 sobre un antecedente similar. Se trató del caso de juicios por multas impagas que el municipio confió a un letrado que había estado asociado en su estudio a un funcionario.