Miles de griegos volvieron a salir ayer a las calles de distintas ciudades, y en especial de Atenas, para enfrentar con protestas pacíficas el programa de ajuste adoptado por el gobierno del primer ministro Georgios Papandreu. Por sexto día consecutivo, y mientras los demás países del continente realizaban consultas urgentes para analizar qué condiciones deberían imponerle a Grecia para acordar un refuerzo de la llamada “ayuda financiera”, los manifestantes expresaron su repudio al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los cuerpos orgánicos de la Unión Europea (UE), a los que acusan de imponerle a la frágil economía griega un plan de hambre en base a recetas ya experimentadas y fracasadas en el país y en otras regiones del mundo.

Pese al rechazo generalizado a las medidas de ajuste, las marchas de ayer fueron menores que las de los días anteriores. Según fuentes periodísticas, unas 5000 personas se reunieron frente al edificio del Parlamento, en Syntagma, la plaza central ateniense, convocadas a través de Internet por Ciudadanos Indignados, una especie de réplica del movimiento juvenil español que desde hace dos semanas instaló su protesta en la Puerta del Sol, en la zona histórica de Madrid. Los asistentes pidieron a sus dirigentes que se vayan, y dirigieron sus gritos contra los legisladores de todos los sectores, a quienes acusaron de “ladrones”. En Tesalónica, en el norte del país, las protestas también transcurrieron en medio de una gritería contra “todos los políticos”, matizada con consignas contra el FMI.

Ante el temor a una declaratoria de default y la consecuente salida griega de la zona del euro, la dirigencia comunitaria analiza a paso acelerado los términos de un nuevo acuerdo de “asistencia financiera” que podría alcanzar a 35 mil millones de euros e incluiría nuevas privatizaciones y más medidas de ajuste que se sumarían al congelamiento de salarios, sueldos y pensiones, el fin de los programas sociales y la profundización del plan de flexibilización laboral en curso desde fines del año pasado. El nuevo paquete también exigiría una política de generosos incentivos para los inversores privados que accedieran “voluntariamente” a extender el esquema de pagos que el país debe empezar a cumplimentar en los primeros diez días de junio.

La burocracia europea estima que las “necesidades adicionales” de Grecia hasta fines de 2013 alcanzan entre 60 mil y 70 mil millones de euros, de los que cerca de la mitad procederían de nuevas privatizaciones, y la enajenación de empresas y otros bienes del Estado –“aunque no les exigiremos que vendan la Acrópolis, pueden quedársela”, dijo la semana pasada el ministro de Economía de Holanda para graficar en todo su dramatismo las exigencias que se le impondrían a Grecia– y de un posible pacto con los tenedores de deuda para modificar las condiciones de reembolso, una cuestión que hasta ahora choca frontalmente con la oposición del Banco Central Europeo (BCE).<