Argumenta que el ingreso de fondos no es el esperado. Gremios estatales rechazaron este planteo y reclamaron un incremento que se asemeje al obtenido por los legisladores.

Ya lo había anticipado en parte del discurso con el cual dejó inaugurada las sesiones ordinarias de la Legislatura, cuando sostuvo que este año, signado por una crisis financiera a nivel internacional, deberán cuidarse las cuentas de las arcas públicas provinciales.

Ayer, fiel a su estilo, fue aún más gráfico y no dejó lugar a dudas o dobles interpretaciones. La administración de José Alperovich parece no estar dispuesta a padecer desequilibrios monetarios que alteren su rumbo económico y abrió el paraguas ante los reclamos salariales que aún debe afrontar por parte de los gremios estatales.

"Pido consideración a los sectores, a los que hemos demostrado voluntad, pero tenemos limitación de dinero; no hay plata, no es que no se quiera dar", reconoció el Mandatario comarcano en rueda de prensa, con lo que comenzó a limitar la ronda de negociaciones paritarias próximas a entablarse.

De esta forma, toman mayor solidez las declaraciones del ministro de Economía, Jorge Jiménez, quien manifestara que al momento de establecer un parámetro porcentual de aumento en los haberes de los empleados públicos, el nivel máximo que resignaría la provincia se ubicaría en el 20 por ciento.

"Este es un año donde hay que cuidar el dinero, nos está viniendo menos de lo presupuestado. Se está trabajando, la idea es seguir adelante, no queremos volver hacia atrás", señaló Alperovich. Sin embargo, desde la dirigencia sindical no concuerdan en absoluto con la postura oficial, al considerar que resulta insuficiente el incremento que se pretende otorgar, además, este sector, fijó un piso salarial a partir del cual deberán concretarse las discusiones, al tiempo de expresar malestar por incumplimientos del Ejecutivo relacionados a acuerdos anteriores. Así, en un plenario desarrollado en la jornada de ayer por el Frente de Gremios Estatales (constituido por ATE, ATSA, UPCN, a los que se sumaron la Federación de Municipios del Interior y la Asociación Empleados del Casino) se decidió de manera conjunta, el rechazo al aumento del 20 por ciento aludido, la inmediata actualización de las asignaciones familiares dispuestas por la Nación (Tucumán lleva cinco meses de atraso en la efectivización de este punto, que significaría un ascenso en dinero en el orden de los 50 pesos, al trepar de los 220 a los 270 pesos fijados por la gestión kirchnerista).

A su vez, reclamaron que se cumplimenten algunos ítem del Acta Acuerdo rubricada en 2011 en relación al pase a planta permanente de agentes que aún revisten la modalidad de contratados dentro de la Administración Pública, en tanto resaltaron que el Gobierno no avanzó en el blanqueo de los empleados que acaparan más de diez años para jubilarse.

Paralelamente, el FGE indicó que el monto porcentual que tendrán como base para iniciar el diálogo con los funcionarios alperovistas será estipulado en torno al 33 por ciento, como una forma de equiparar dicho índice con la última suma que pasó a engrosar los bolsillos de los parlamentarios locales.

"Eso sería lo mínimo que podemos plantear, aunque todos sabemos que los sueldos de los legisladores son mentirosos, pero debemos partir de una certeza, que es ese porcentaje. Eso sí, debe tenerse en cuenta que techo no hay fijado", indicó Daniel Cabello, uno de los voceros del FGE.

"No nos pueden conformar las palabras del Gobernador que nos pide que seamos cuidadosos teniendo en cuenta la situación del país. Hemos sido demasiados cautos a lo largo de todos estos años cuando nuestros sueldos siguen congelados. Así no se demuestra la justicia social de un modelo nacional y popular ya que se asemeja mucho a los proyectos neoliberales de los 90", afirmó José Contreras, de la Federación de Municipales.

La forma y el modo

Por su parte, Reneé Ramírez (ATSA) contextualizó el panorama de reivindicación con lo suscitado a partir del acuerdo del Ejecutivo con el sector docente, a través del cual surgieron críticas de alas disidentes que hicieron mella en la clase dirigencial por la negociación alcanzada.

"Nosotros debemos hacer una autocrítica y entender cómo vinieron los salarios en todo este tiempo. Quizás hemos contribuido para que el salario esté deprimido", aseveró el referente de los sanitaristas. Durante el encuentro, se expusieron sobre el tapete posicionamientos divergentes que causaron cruces de opiniones y puntos de vista entre los gremialistas.

Al respecto, hubo quienes consideraron necesario dilatar el encuentro con el Gobierno hasta tanto se produzca el acuerdo con los sectores de la Policía provincial. La idea radica en que, teniendo en cuenta la capacidad de presión que los uniformados puedan ejercer al alperovismo, se tomará como parámetro el nivel porcentual que salga de dicha negociación. Asimismo, al momento de encarar una metodología en razón de la solicitud que se elevará al oficialismo, surgieron divergencias ya que existen posturas que estiman conveniente un incremento escalonado en los haberes de los estatales (siempre y cuando refiera a un piso del 33 por ciento), lo que fue rechazado por casi la mayoría de los presentes, e incluso recalcaron que debe exigirse la reapertura de paritarias a mediados de año.

"Ya el año pasado pudimos concretar el blanqueo de sumas en negro, pero ahora esto debe ser analizado profundamente por el costo político que puede tener en los gremios porque la gente quiere la plata en la mano, y esto resulta muy entendible", razonó Ramírez.

En este sentido, vale recordar que en el acta acuerdo con los docentes, si bien es cierto que en los papeles el incremento salarial fue promocionado en alrededor del 34 por ciento, al discriminar los montos que pasaron a ser concebidos en carácter remunerativo, el ascenso neto de los sueldos fue del 20 por ciento solamente.

En dos cuestiones se centraron las mayores concordancias por parte del FGE, por un lado, exigir al Gobierno que todo encarecimiento monetario sea afectado al sueldo básico de cada área o dependencia, con el objeto de favorecer el respectivo escalafón.

Por otro lado, todas las voces asumieron el creciente grado de desconfianza que las bases mantienen con sus dirigentes y no faltó aquel que aludió: "si arreglamos por el 20 por ciento estamos crucificados, no podremos salir a la calle". Finalmente, se decidió mantener un estado de asamblea permanente hasta el lunes, cuando se lleve a cabo una nueva reunión para determinar los pasos a seguir a la espera del llamado por parte del Ejecutivo.

Marchas por reivindicaciones en el Interior y en Capital

Empleados rurales y estatales nucleados en la Corriente Clasista Combativa (CCC) mantuvieron ayer un corte, desde las 8.00 y hasta pasado el mediodía, sobre la ruta 38 a la altura del Arroyo Barrientos, en las cercanía del ingreso a Aguilares. Según lo indicó el dirigente Vicente Ruíz, la medida se debe al rechazo al incremento del 20 por ciento que pretende dar el Gobierno para todos los trabajadores estatales. "En los municipios y en las comunas, los empleados tienen un básico de 1.048 pesos, y en mano cobran 2.250 pesos. Un aumento del 20 por ciento significaría apenas 200 pesos. Se quieren burlar de los trabajadores", planteó.

Asimismo, aclaró que el sector reclama una suba de 1.000 pesos en el básico y una ayuda escolar de 500 pesos. Por otro lado, reclaman un aumento del 100 por ciento en los montos de los programas de empleos provinciales y nacionales, así como también un aumento de igual cifra para los trabajadores del Argentina Trabaja.

En tanto, afiliados a UPCN realizaron una marcha por el microcentro capitalino para solicitar mayor presencia de conserjes en las escuelas, aumento de haberes y estabilidad laboral para el sector