Sostuvo que “estos expedientes son curiosos porque no se movieron de la Secretaría de Hidrocarburos” cuando “habitualmente llevan el visado del abogado que interviene. “Hay dos recaudos que hacen la transparencia de la gestión pública: la correlatividad de las resoluciones y la publicación en el Boletín Oficial”, las cuales “garantizan que se trata de una gestión transparente” pero no existieron. Según Meza Evans, habría “una coima en el medio. Se cae de maduro y esto es lo que tenemos que combatir”.

“La denuncia ingresó “hoy a las 12. La Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal por abuso de poder, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta contra el contador Luis Tarrío en el año 2009, al momento del dictado de estas resoluciones secretas que condonaron un crédito de 7 millones a favor del Estado provincial”, resumió.

Agregó que “hacemos extensiva la denuncia contra el grupo empresario y los componentes del mismo en 2009 cuando se solicita y logra esta condonación de deuda porque entendemos que el delito de administración fraudulenta tiene dos partes: el funcionario y el privado que es beneficiado con esta condonación”. Detalló que “los delitos no los cometen las empresas sino las personas. Sabemos que originalmente los permisos de exploración que están siendo cuestionados en la falta del pago de canon fueron adjudicaciones que el Estado provincial hizo a un grupo empresario que fue un grupo que se presentó como UTE y que luego de ganar esa licitación fue transfiriendo esos permisos”.

Indicó que “no sabemos cuál era la composición del grupo Patagonia Petróleo en el momento en que se comete el delito porque fue cambiando sus componentes. En diciembre de 2008 solicita que se condone el pago de canon y lo logra en junio de 2009 con estas resoluciones mellizas”, precisó.

Afirmó que en la denuncia “ponemos de manifiesto que el decreto de las áreas involucraba a ese grupo; de lo que no tenemos constancia era de que porcentaje se cedieron, de quién entró y salió”, ilustró. Meza Evans añadió que “nosotros también lo vamos a investigar pero le pedimos a la Justicia que haga su tarea investigativa y aportaremos todo lo necesario en ese sentido”.

Sostuvo que “estos expedientes son un poco curiosos porque se iniciaron y no se movieron de la Secretaría de Hidrocarburos. Por ejemplo: las resoluciones secretas, mellizas e ilegalesjamás fueron pasados allí”. Determinó que Tarrío “miente en ese sentido como que existe un dictamen legal que avala las resoluciones que habitualmente llevan el visado del abogado que interviene. Acá no existe y está solo la firma del contador”, aseguró el fiscal de Estado.

Explicó que “no es habitual” que se realice este tipo de resoluciones “bis”. De hecho, especificó que “hay dos recaudos que hacen la transparencia de la gestión pública: la correlatividad de las resoluciones y la publicación de los actos en el Boletín Oficial. La correlatividad y publicidad de los actos garantiza que es una gestión transparente”, subrayó en el programa radial Actualidad 2.0.

Al consultarle si la resolución debía pasar por la Legislatura, resaltó: “ése es el tema central” por lo que “hay un exceso en las facultades. Si el funcionario hubiera estado legalmente autorizado a condonar ¿para qué lo iba a ocultar?”, se preguntó el fiscal de Estado. “Es evidente que la maniobra de ocultamiento desnuda la ilegalidad del acto. La facultad de condonar deuda para con el Estado radica en el Poder Legislativo. Sólo pueden hacerlo cuando están autorizados a ello. No hay posibilidad de que un secretario condone los cánones establecidos por la Legislación Nacional y adoptados por la Legislación Provincial”, enfatizó.

Afirmó que en forma paralela a la denuncia se avanza en una resolución para dictar la nulidad de estos actos para logar el cobro de esos cánones. “El Estado debe recuperar este dinero. Hay que ver los intereses que corresponden por lo que no se pagó. La suma debe andar en los 10 millones –estimó Meza Evans-. Se dictará la nulidad del acto, se reclamará a las empresas y al funcionario a que con su propio patrimonio responda”, estableció.

Negó que pueda declararse ilegal la venta posterior de áreas. Explicó que “ésos son actos entre terceros y si fueron convalidados por el Estado no hay problema. Hay que ver cuál era la composición cuando se requiere y logra esta condonación y qué transferencias hubo con posterioridad. Es un tema entre terceros y hay que ver si estas concesiones que han tenido este problema en el medio pueden seguir vigentes o deben ser caducadas. Lo vamos a estudiar también”, garantizó.

Consideró que la situación de los jueces no afectará esta investigación. “De ninguna manera porque éstos son hechos que uno pone en conocimiento de la Justicia cuando podría actuar de oficio. Acá no hay litigio entre dos partes sino que es una investigación penal y nadie puede excusarse”, resaltó.

Al preguntarle por qué podría tener lugar una resolución bis, Meza Evans fue determinante: “cuando un funcionario esconde la condonación de una deuda de 7 millones y adopta una decisión que excede el marco de sus facultades yo personalmente no puede pensar otra cosa que el hecho de que hay una coima en el medio. Se cae de maduro y esto es lo que tenemos que combatir todos”, dijo.

Sobre el rol de Petrominera, aclaró que la empresa estatal “lo único que hizo es hacer el seguimiento en que se dicta este acto, comprobar inversiones realizadas y manifestar que estaban de acuerdo a los parámetros fijados en el pliego. Eso no justificaba que el secretario de Hidrocarburos condonara el permiso de exploración. No está en tela de juicio la participación de Petrominera”, resaltó.

En torno a la posibilidad de establecer la figura de cohecho, dijo que “es un delito de muy difícil prueba, salvo que alguno de los delincuentes confiese, algo que es bastante difícil. Por eso encuadramos esto en las otras figuras. Si la Justicia logra además demostrar q hubo cohecho mucho mejor”, determinó.

“Además de denunciarlos nos constituimos en parte querellante”, sostuvo. “Cuando se inicie la investigación seguiremos aportando los elementos que puedan ir surgiendo. Solicitamos además que se investigue la situación del asesor federal de Gobierno que trata de subsanar estos problemas catalogando esto como un simple error administrativo”.

Ingentis

En otro orden de cosas, dijo que la presentación contra el proyecto Ingentis “es un tema mucho más complejo. Surge de los papeles. No hay muchas discusiones. Estamos haciendo un trabajo de auditoría y daremos a conocer todos los resultados. Ingentis está debiendo dinero que estamos tratando de cuantificar, viendo quiénes son los acreedores”.

Añadió que “por parte de Petrominera existe deuda por transferencia de acciones en relación a un motor que fue comprado y nunca traído: existe deuda por seguros, depósitos, comisiones. Creo que hay otros bienes radicados en Comodoro que también generan deudas pero éste es el manejo que tiene que hacer la empresa que se ha normalizado para llevar adelante la investigación”.

Para concluir, Meza Evans reflexionó: “hubo una serie de movimientos extraños: se adquirieron dos motores, uno se vendió. Es todo objeto de la investigación”.