"Es central recuperar el papel del Estado en la conducción y el control de las políticas de transporte público. El objetivo principal es que los transportes estén al servicio de la gente para mejorar su calidad de vida", manifestó Filmus.

Y agregó: "El decreto 793 firmado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, es también una señal para las empresas concesionarias que no cumplen con los contratos preexistentes y que no invierten lo que debieran para garantizar un transporte público seguro y efectivo."

Por su parte, el diputado nacional del FAP, Roy Cortina, afirmó: "La conferencia de prensa realizada por De Vido es una respuesta tardía e insuficiente a la masacre de Once, que parece una puesta en escena frente a la organización del reclamo de los familiares de las víctimas".

"Sacarle la concesión al grupo Cirigliano para dársela al grupo Roggio, que hace pocos días fue denunciado por el propio De Vido por girar regalías al exterior a costa del mantenimiento de las líneas de subte a su cargo, no hace más que sembrar un nuevo manto de dudas sobre la seguridad de los cientos de miles de pasajeros que día a día viajan en el Sarmiento y el Mitre", finalizó Cortina.

En tanto, los diputados Graciela Ocaña y Daniel Amoroso afirmaron que la presidenta Cristina Kirchner "finalmente recapacitó" y por eso tomó la decisión de quitar por decreto a la empresa TBA la concesión de las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento, y subrayaron que "este es el momento de sentarse a discutir en serio una política de transporte a largo plazo para toda el área metropolitana".

"Seguramente influyó en esta decisión la carta que le dejamos a la señora Presidenta el lunes pasado en la Casa de Gobierno, reclamando el quite de la concesión, a tres meses de la tragedia que dejó 51 muertos y más de 700 heridos", dijeron los diputados.

"Es bueno que el Gobierno finalmente haya tomado esta decisión. Nosotros lo habíamos pedido por carta. Pero la revisión del sistema de transporte debe ser integral: trenes, subtes y colectivos. Hemos pedido la emergencia del transporte a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad", remarcaron Ocaña y Amoroso.

También sostuvieron que "el ministro (Julio) De Vido sigue al frente del área y es el responsable del estado calamitoso del transporte nacional. Se necesita una gestión profesionalizada del transporte, igual que pidió la Presidenta para YPF".

Destacaron, asimismo, que desde el lunes pasado, cuando presentaron la carta a la Presidenta en la Casa Rosada, instalaron mesas en distintos puntos de la Ciudad repartiendo copias ese texto, "con una excelente recepción por parte de la gente, que todos los días sufre, como nosotros, los padecimientos de viajar en el sistema público de transporte".

Ambos diputados subrayaron que "ahora hay que aprovechar y convocar a todos los sectores para discutir en serio una política de largo plazo, que nos permita mejorar todo el sistema de transporte en el área metropolitana".

Ocaña, diputada nacional por Udeso, y Amoroso, legislador porteño y presidente del bloque Unión Federal, subrayaron también que "viajar en servicios eficientes es una prerrogativa establecida en nuestra Constitución Nacional, que el gobierno avasalla a diario", y advirtieron que "el sistema ferroviario se cae a pedazos".

Mientras que el diputado porteño Daniel Presti (PRO), quien integra la Comisión de Tránsito y Transporte, criticó "la improvisada política de transporte del Gobierno nacional".

Presti cuestionó: "¿Tuvieron que esperar una tragedia para quitarle la concesión a TBA? Sorprende el hecho de que el ministro Julio De Vido quien tiene a su cargo, desde hace nueve años el control de los ferrocarriles, debió aguardar que suceda una tragedia que le costara la vida a 51 personas para darse cuenta de que los trenes y el sistema de transporte son un verdadero desastre".

El diputado porteño aseguró también que la medida de la quita de concesión a TBA, "no hace más que ratificar las afirmaciones del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, respecto del estado calamitoso del servicio del ferrocarril y la nula seguridad de los pasajeros".

"Además de la quita de la concesión a TBA -continuó el diputado del PRO-, De Vido debería evaluar dar un paso al costado, ya que durante los nueve años de su gestión, a la falta de controles se le suma una política indiscriminada de subsidios millonarios".

"Llama la atención -agregó Presti- la similitud del proceder del Gobierno Nacional tanto para la política de transporte como para la energética. Frente a ambos fracasos, donde no hubo inversiones ni control, se ven obligados a improvisar supuestas soluciones que dejan al descubierto la falta de políticas eficientes y a largo plazo, sin hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe".

Por último, el diputado porteño Alejandro Bodart (MST en Movimiento Proyecto Sur) criticó: "Es el colmo: le dan los trenes al Grupo Roggio, el mismo que incumple en el subte. Para mejorar los trenes y el subterráneo, en vez de reprivatizar, hay que reestatizarlos con control social".

Bodart, autor del proyecto de ley 687-D-2012 para reestatizar el subte, agregó: "Los servicios públicos no deben ser un negocio privado, sino volver a manos del Estado pero bajo el control de sus trabajadores y usuarios".