En 2005, La Voz del Interior dio a conocer el caso de Bouwer: 12 vecinos y trabajadores de una metalúrgica tenían altos niveles de plomo en la sangre. La Agencia Córdoba Ambiente conocía la situación irregular de la metalúrgica Bouwer por lo menos desde 2002, pero nunca la sancionó. Funcionó desde 1984.

Un estudio de 2003 detectó que los niveles de plomo emitidos por la chimenea eran 35 veces más altos que lo permitido. Una familia inició una demanda a la empresa y a la Provincia. La escoria (desperdicios de fundición) se usó para rellenar pozos en los campos.

En 2007, la Justicia hizo lugar a un amparo presentado por 14 familias de General Cabrera y consideró probada la contaminación por plomo provocada por una fundición. También indicó que, pese a conocer el riesgo, las autoridades municipales y provinciales nada hicieron entre 2002 y 2006 para detener el hecho.

“Omitieron ilegalmente actuar para evitar la contaminación y para proteger la salud de la población”, señaló el fallo.

A fines de 2006, la planta había sido clausurada luego de que los análisis de sangre realizados a los vecinos detectaran alta presencia de plomo. La fundición funcionó 20 años.